Un nuevo elemento de fricción asoma en las difíciles relaciones entre el Gobierno y Junts: la posible entrada en prisión de Laura Borrás. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años y medio de cárcel, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros impuesta a la expresidenta del Parlament de Cataluña y exlíder de Junts por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, y ha rechazado aplicarle la ley de amnistía al considerar que se trata de delitos de corrupción sin relación con el procés.
Así las cosas, solo un indulto de Pedro Sánchez puede salvar a Borrás de la prisión, lo que sin duda enrarecerá aún más el clima político en España. Las derechas no admitirán ese posible indulto y acusarán al presidente del Gobierno de traidor secuestrado por los independentistas. En ese escenario, cabe preguntarse cuál será el próximo movimiento de Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat ha amenazado con retirar el apoyo al Gobierno de coalición si Sánchez no se somete a una cuestión de confianza y si no cumple con los acuerdos firmados, entre los que se contempla la transferencia de las competencias de migración al Gobierno de Barcelona. Ahora, Sánchez tiene un arma más con la que negociar. Es más que probable que el indulto de Borrás sea otra moneda de cambio en ese diálogo con los soberanistas catalanes que debe determinar si el Ejecutivo central agota la legislatura o cae finalmente por incapacidad para articular las mayorías necesarias con las que sacar adelante sus leyes y reformas.
Podría decirse que el caso Borrás viene a introducir un elemento nuevo en las tensiones entre PSOE y Junts. El Supremo ratifica la condena a Borràs, que había recurrido alegando que su causa ha sido una “persecución política”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a la presidenta suspendida del Parlament catalán a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Sin embargo, propuso su indulto parcial para que la pena de cárcel quede en un máximo de dos años, lo que podría evitar su ingreso en prisión.
En la sentencia el alto tribunal catalán atribuía a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una multa de 36.000 euros. El tribunal propuso, sin embargo, al Gobierno que le conceda el indulto parcial referido únicamente a la pena de prisión impuesta y en el tiempo que exceda de los dos años como duración máxima, ya que ese es el periodo en el que se puede evitar el ingreso en prisión si no se tienen antecedentes.
La sala alegó que la pena de cárcel por este delito continuado de falsedad documental “en ningún caso” puede resultar inferior a los cuatro años y medio de prisión a que condenan a Borràs tal como se establece en el Código Penal. La sentencia precisó, además, que las “concretas actividades falsarias” que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un “lucro personal”, sino que tenían como “único sentido o razón de ser” el “enmascaramiento” ante los organismos de control de la conducta prevaricadora, por la que ya se la condena a nueve años de inhabilitación. De esta forma, en el caso de Borràs, la sentencia concluyó que la acumulación real de penas, por la suma del delito de prevaricación y el de falsedad, comportan que la condena de cárcel que se le impone resulte “excesiva”.