La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha desestimado este martes los recursos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del Ministerio Público, contra el procesamiento de este por presunta revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De esta forma, deja a García Ortiz al borde del banquillo e Isabel Díaz Ayuso gana la batalla, ya que el Supremo le da la razón al entender que un fiscal general no debe aclarar un bulo mediante una nota de prensa.
El alto tribunal sienta un precedente peligroso, ya que está diciendo que la mentira urdida por la pareja de la presidenta (que intentó maquillar sus fraudes fiscales) debe prevalecer por encima de la honestidad de un funcionario que solo trató de contar la verdad a la opinión pública. Es un mal día para la democracia, ya que un grupo de magistrados ha decidido comprarle el marco mental, el mundo al revés, al ayusismo. El defraudador confeso prevalece sobre el hombre de leyes. La manipulación más burda sobre el sentido común.
El mensaje que se está enviando desde el Supremo va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de la lógica más elemental. Hoy la mentira triunfa sobre la verdad. Y ocurre así después de que el tribunal haya descartado pruebas esenciales como los testimonios de los periodistas que han declarado en la causa y que prueban que cuando la información aclaratoria sobre el bulo del novio de Ayuso salió de la Fiscalía, la noticia ya estaba en el mercado y era de dominio público a través de otras fuentes, de modo que no pudo haber revelación de secretos por parte de Álvaro García-Ortiz. Esa selección discriminatoria y aleatoria de pruebas, sin mayor criterio que el factor subjetivo del tribunal de apelación, es otro aspecto inquietante del caso por lo que tiene de introducción de la inseguridad jurídica en nuestro sistema judicial.
En una nota informativa, la Sala informa de que ha decidido “mayoritariamente” (aunque con un voto particular) que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos “son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados”.
Ha decidido también, “esta vez por unanimidad”, acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación, apreciando que en su actuación no hubo indicios de la comisión de delito.
El 16 de octubre de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió un procedimiento contra el fiscal general por un supuesto delito de revelación de secretos en relación con la pareja de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siendo el primer fiscal general en activo en ser investigado formalmente por la justicia. El 30 de octubre la Guardia Civil registró el despacho de Álvaro García en busca de indicios de la revelación de los correos electrónicos filtrados a la prensa, haciendo copias de los ordenadores y teléfonos móviles. El 19 de diciembre de 2024, la UCO informó al tribunal que no había encontrado mensajes entre el 8 y el 14 de marzo puesto que habían sido borrados. Anteriormente, un fiscal del Tribunal Supremo había declarado haber visto a García Ortiz revisando un teléfono móvil el mismo día en que la Guardia Civil registraba su despacho. Por su parte, la Fiscalía atribuyó el borrado de mensajes al “protocolo habitual” para proteger la “información sensible” a la que tiene acceso el fiscal general.
Ángel Luis Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, dictó un auto de procesamiento abreviado contra Álvaro García Ortiz el 9 de junio de 2025 por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El Instructor, tras siete meses de investigación apreció la existencia de suficientes indicios para juzgar al máximo representante del Ministerio Público. En el auto, Hurtado incluye una conclusión novedosa: según el magistrado, García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”.