Cristóbal Montoro, quien durante años manejó el látigo de Hacienda con mano de hierro y sonrisa de tecnócrata, se enfrenta ahora a una realidad incómoda: la Justicia ha puesto sus pasos bajo lupa. Un juez de Tarragona lo ha imputado por presuntamente utilizar su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas asesoradas por Equipo Económico, el despacho que fundó antes de entrar en el Gobierno. Lejos de ofrecer explicaciones, Montoro ha reaccionado con el clásico manual del PP: acusaciones sin pruebas, victimismo calculado y desvío de la atención hacia el Gobierno actual.
“No hay pruebas”: la defensa que suena a déjà vu
El exministro ha afirmado en un comunicado que su imputación se basa únicamente en que fue ministro, sin “ningún elemento probatorio”. Y lo ha hecho como si eso fuera una exoneración automática, no el arranque de un proceso judicial. Asegura también que no tiene relación con el despacho desde 2008, como si los vínculos de poder se extinguieran con un cambio de firma.
Montoro, que fue durante años el rostro de los recortes más duros, se presenta ahora como víctima de una conspiración política. El levantamiento del secreto de sumario, asegura, ha coincidido sospechosamente con “los verdaderos escándalos del Gobierno actual”. Una táctica conocida: cuando el ventilador se enciende, mejor apuntarlo hacia otro lado.
Equipo Económico y la sombra alargada del BOE
Equipo Económico, el despacho en cuestión, asesoró a empresas gasísticas que se beneficiaron directamente de medidas aprobadas durante la etapa de Montoro en Hacienda. Aunque él afirma haber cortado lazos, la sombra del conflicto de interés planea con fuerza. La imputación no habla de firmas recientes, sino de una posible arquitectura legal montada desde el propio poder en beneficio de los de siempre.
Montoro, como tantos otros exdirigentes del PP, cierra filas en torno a una supuesta persecución política, anunciando acciones judiciales para defender su honor. Pero lo que está en juego no es su reputación, sino la credibilidad de un sistema que ha tolerado durante demasiado tiempo los favores cruzados entre política y negocios.