La estrategia de Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo y en otras tramas de corrupción, ha tomado un giro radical en los últimos meses. Acorralado por la justicia, ha optado por una defensa basada en el ruido mediático y en la fabricación de relatos sin sustento. Sus acusaciones, difundidas sin el más mínimo rigor en determinados medios, han terminado por desmoronarse en los tribunales, donde cada mentira queda expuesta con facilidad.
El caso Koldo, que investiga el pago de comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia, ha sido el escenario perfecto para que Aldama juegue su carta de la distracción. En su afán por obtener beneficios procesales, el empresario ha intentado ampliar la sombra de sospecha sobre figuras del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la justicia ha desmontado, una a una, sus afirmaciones, que han resultado ser meros intentos de confundir a la opinión pública y desviar la atención sobre su propia implicación en los hechos.
Acusaciones sin base y documentos sin credibilidad
Una de las maniobras de Aldama ha sido presentar al juez una lista de supuestas adjudicaciones fraudulentas vinculadas al Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era titular de la cartera. Sin embargo, el análisis de los contratos ha revelado que muchas de las obras citadas nunca se adjudicaron durante su mandato o que fueron concedidas a la oferta económicamente más ventajosa sin margen para manipulaciones. La documentación que aportó Aldama, incluyendo manuscritos con nombres de empresas y municipios, se ha revelado tan inconsistente que el propio juez Leopoldo Puente ya ha señalado la falta de indicios que sostengan las acusaciones.
La falta de credibilidad de sus afirmaciones se ha visto reflejada también en la denuncia sobre un supuesto apartamento en Madrid destinado a reuniones privadas de altos cargos del PSOE. Aldama afirmó haber alquilado un piso en la calle de Atocha en noviembre de 2018 para encuentros con políticos y empresarios, señalando entre los asistentes al actual ministro Ángel Víctor Torres. Sin embargo, Torres ha podido demostrar con pruebas documentales que en la fecha señalada se encontraba en Canarias y no viajó a Madrid hasta el día siguiente.
Los documentos presentados por Aldama han resultado ser, en muchos casos, una colección de conjeturas y apuntes sin ninguna validez probatoria. Su relato ha sido amplificado por medios afines a la derecha, que han optado por difundir las acusaciones sin contrastarlas, contribuyendo así a la desinformación y a la creación de un clima de sospecha infundado.
El bulo de las cuentas en el extranjero
Uno de los episodios más escandalosos de esta estrategia de intoxicación ha sido la difusión del supuesto hallazgo de cuentas bancarias en República Dominicana pertenecientes a altos cargos del Gobierno, incluyendo a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aldama afirmó en la cadena Cope haber tenido acceso a “pantallazos” que demostraban la existencia de depósitos millonarios de varios ministros y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción investigó la denuncia y la archivó por su absoluta falta de fundamento. Según el fiscal jefe Alejandro Luzón, los documentos aportados no correspondían a ninguna entidad bancaria real y eran, en realidad, una fabricación sin sustento.
La propagación de estos bulos responde a una estrategia bien definida: generar ruido mediático y sembrar dudas sobre la honorabilidad de los dirigentes del Gobierno de coalición. Sin embargo, a medida que la justicia avanza en su investigación, las mentiras de Aldama van quedando al descubierto, evidenciando su intención de obtener una reducción de su responsabilidad penal a cambio de acusaciones sin pruebas.
Un relato diseñado para la opinión pública
El caso Koldo ha puesto en el foco a varios empresarios y ex altos cargos que se beneficiaron de contratos irregulares durante la pandemia, pero la estrategia de Aldama ha sido la de trasladar la atención sobre otros actores políticos sin aportar pruebas sólidas. Su discurso ha sido acogido con entusiasmo por determinados sectores mediáticos, que han encontrado en sus declaraciones una herramienta perfecta para alimentar la confrontación política.
El papel de estos medios ha sido clave en la difusión de sus afirmaciones, contribuyendo a legitimar su versión de los hechos sin el más mínimo esfuerzo por contrastar la información. La cobertura de la cadena Cope, ABC o ciertos programas de televisión ha demostrado cómo una acusación sin pruebas puede convertirse en una supuesta verdad mediática con solo ser repetida suficientes veces.
La justicia empieza a poner orden
El juez Puente ya ha advertido en varias resoluciones sobre la inconsistencia de las pruebas presentadas por Aldama. Aunque el empresario intenta presentarse como un arrepentido que colabora con la justicia, su credibilidad se desmorona cada vez que sus afirmaciones son sometidas al más mínimo escrutinio. La falta de pruebas documentales, las contradicciones en su relato y las evidencias que desmontan sus acusaciones han llevado a los tribunales a poner en duda la veracidad de sus declaraciones.
A medida que avanza la instrucción del caso, todo apunta a que Aldama quedará más expuesto como un actor clave en la trama de corrupción que se investiga. Su intento de diluir su implicación mediante un aluvión de acusaciones sin base ha fracasado en los tribunales, aunque ha cumplido su función en el ámbito mediático, donde ha servido como munición política para la oposición y sus altavoces.
Conclusión: ruido mediático frente a hechos judiciales
El caso Koldo es una investigación que debe esclarecer hasta el último detalle sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, pero no puede convertirse en un circo mediático basado en bulos y acusaciones sin pruebas. Aldama ha demostrado estar dispuesto a todo para salvarse a sí mismo, incluso a fabricar historias que no resisten el más mínimo análisis. Sin embargo, la justicia sigue su curso, y a medida que se desmoronan sus mentiras, queda cada vez más claro que su verdadero objetivo no era la verdad, sino la manipulación interesada del caso.
Lo que queda por ver es hasta qué punto estos intentos de intoxicación afectan al proceso judicial y cuánto tiempo tardará en desmoronarse por completo la estrategia de Aldama. Mientras tanto, la responsabilidad de los medios debería ser la de informar con rigor y contrastar cada afirmación antes de contribuir a la difusión de falsedades diseñadas para dinamitar la credibilidad de la justicia y la política.