El sumario del conocido como ‘caso Montoro’ incorpora un informe detallado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pone bajo la lupa los pagos realizados por empresas gasistas al despacho Equipo Económico (EE). Según los investigadores, de los 673.500 euros rastreados, una parte sustancial terminó en manos de los socios del bufete, destinados no solo a fines profesionales sino también a gastos personales.
Un rastro de pagos que conduce a los socios
El documento, fechado en febrero y ahora incorporado a la causa, precisa que 29 operaciones bancarias canalizaron el dinero desde compañías gasistas hacia las cuentas del despacho. La investigación pretende aclarar si estos pagos formaban parte de una estrategia de influencia irregular sobre el Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro, según la hipótesis que guía el procedimiento.
El informe señala que gran parte de las transferencias fueron derivadas directamente a los socios de EE, y que estas cantidades no siempre fueron destinadas a servicios profesionales, sino que cubrieron “pagos operativos y habituales, impuestos y gastos personales”.
Aunque los agentes reconocen que no todos los movimientos pueden vincularse de forma directa a los socios, sí concluyen que la proporción de fondos destinada a su uso particular resulta relevante para los fines de la investigación.
Patrones que se repiten en otros sectores
La UCO subraya en su informe que este patrón no es exclusivo de las gasistas: “esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE viene recibiendo de otros sectores empresariales”. La red de pagos incluye transferencias a terceros, disposiciones en efectivo y gastos generales que, aunque forman parte del día a día del despacho, no han aportado por ahora explicaciones claras sobre la naturaleza de los servicios prestados a las empresas que contrataron sus servicios.
En palabras del informe:
“En esencia, el análisis demuestra que una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinada a los socios de EE y que éstos le dieron un destino personal a estos ingresos”.
Una investigación aún en curso
El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que dirige la causa, mantiene abierta la investigación para determinar si existieron favores o decisiones administrativas desde el Ministerio de Hacienda a cambio de estas contrataciones. El análisis de la UCO no se limita a cuantificar los pagos: busca esclarecer si la estructura de sociedades vinculadas a EE sirvió como vehículo para canalizar estas operaciones con fines irregulares.
Por ahora, los datos obtenidos refuerzan la idea de un flujo económico opaco entre grandes empresas y un despacho que, según el sumario, estaba muy bien conectado con la administración pública. La investigación sigue su curso y las conclusiones finales dependerán del cruce de documentación bancaria, contratos y testimonios que todavía están siendo examinados.
Este nuevo informe añade presión a un caso que apunta a la relación entre despachos privados y decisiones políticas en un sector estratégico como el energético, y subraya la importancia de delimitar con precisión los límites entre influencia legítima y tráfico de favores.