El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos, ha acordado imputar a una asesora que asiste a la mujer del presidente del Gobierno y que ya declaró como testigo en el procedimiento en diciembre. De esta manera, el magistrado trata de demostrar que la mujer del presidente utilizaba a la trabajadora de Moncloa para sus asuntos propios, y para ello se basa en los correos electrónicos que se ha incautado y que ha puesto en manos de la UCO para su análisis.
Pero más allá de las sospechas de un juez que durante todo este proceso está mostrando un interés político, además de jurídico, cabría preguntarse si cuenta con respaldo legal para probar que hubo tráfico de influencias en la relación laboral de Gómez con su asesora. Y ahí lo va a tener difícil, ya que se encuentra ante un vacío legal. No hay nada legislado al respecto, ya que en medio siglo de democracia a ningún partido se le ocurrió regular la figura de la esposa o esposo consorte presidencial. Lo que sí sabemos es que todas las parejas de presidentes, desde Suárez hasta Sánchez, han llevado su agenda particular y política gracias a una persona o varias en nómina de Moncloa. Y en realidad es lógico pensar que sea así, no solo por razones de eficacia sino de seguridad. El vacío legal al que nos referimos ha llevado a escenas surrealistas, como aquella fotografía de la esposa de Mariano Rajoy asistida por un ayudante, a quien algunos medios de comunicación calificaron de “personal shopper” con cargo a los presupuestos generales del Estado. Según publicó en su momento Eldiario.es, “el hoy diputado del PP Jaime de los Santos fue sorprendido en su momento llevando las bolsas de ropa de Elvira Fernández”, la esposa del anterior jefe de Gobierno. ¿Se abrió una investigación al respecto? No, ningún juez Peinado vio nada raro y mucho menos tráfico de influencias en esa conducta, en cierta manera porque es lógico pensar que la mujer del jefe del Ejecutivo español pueda disponer de un asistente no solo para ayudarle con su agenda de actos sociales y políticos, sino también para su día a día, para sus actividades cotidianas.
De los Santos ha salido a la palestra para explicar lo que, según él, puede y no puede hacer un asesor presidencial. “El que fuera asistente de la mujer de Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno niega que el trabajo que él hacía para Elvira Fernández sea siquiera parecido al que Cristina Álvarez [la asesora hoy imputada por el juez Peinado] hace para Begoña Gómez en su misma situación. Una cosa es acompañar a la esposa del presidente a una cumbre del G-20 y otra llevar sus negocios privados. De ahí a utilizar Moncloa para negocios privados o para lucrarse hay no solamente un abismo; hay la diferencia entre lo que es legal y lo que es presuntamente ilegal”, aseguró el exasesor para el digital Eldebate.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también salió al paso en la polémica de los asesores de Moncloa al asegurar que las mujeres de todos los presidentes, desde Felipe González, han tenido asignada a una persona de su confianza para “tareas logísticas, organizativas y de asesoramiento”. Persona contratada como personal eventual y adscrita a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. “Alegría se refirió al caso de De los Santos, que ahora es diputado del PP. E incluso presumió de que la asistente de Gómez tiene una categoría 26, inferior en sueldo a la que tenía el asistente de la mujer de Rajoy”.
Cristina Álvarez declaró el pasado 20 de diciembre como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez en tareas de gestión de su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Ahora tendrá que responder en calidad de imputada. El juzgado también ha decidido acceder al registro de llamadas realizadas desde que fue nombrada, del empresario Juan Carlos Barrabés y de números vinculados con su grupo, así como a teléfonos vinculados con el Instituto de Empresa, el África Center, la OMT, Indra, Google, la Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, la Fundación Caixa o Reale, “además de cualquier otra entidad que patrocinara el máster o la cátedra en las que participó Gómez”.
Asimismo, Peinado cita a declarar como testigos a los directores ejecutivos de Google España, Telefónica e Indra, además de otras dos responsables de la Complutense. El nombre de la asesora aparece en correos que obran en la causa, tanto en algunos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con una plataforma de la cátedra que codirigía Gómez, como en otro enviado por ella desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale para pedir que siguieran copatrocinando la cátedra. Peinado aprieta el acelerador contra Gómez. Pero el vacío legal no juega a su favor.