En los últimos días, la Audiencia Provincial de Madrid daba un severo tirón de orejas al juez Peinado por su instrucción del caso Begoña Gómez. “No se puede buscar la verdad a cualquier precio”, le dijeron los magistrados a cuenta de la patada en la puerta que dio en la oficina del empresario Barrabés, a quien Peinado ha implicado en un supuesto delito de tráfico de influencias por la organización del máster para la Universidad Complutense de Madrid en el que tomaba parte la esposa del presidente del Gobierno. Ayer, otro escándalo saltaba a las primeras páginas de los periódicos cuando se supo que el juez Ángel Hurtado investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ya por la difusión de datos fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, sino por el envío de una nota de prensa de la Fiscalía en la que se trataba de aclarar los bulos lanzados por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de confianza de la presidenta de Madrid.
Nunca antes en democracia se ha procesado a un fiscal general, y mucho menos por la elaboración de una nota de prensa aclaratoria de una mentira, la construida por Rodríguez para tratar de convencer a la opinión pública de que la propuesta para llegar a un acuerdo de conformidad con rebaja de penas por delitos fiscales contra Amador había partido de la Fiscalía cuando, en realidad, había sido justo al contrario. De esta manera, el juez Hurtado ha ampliado el objeto del procedimiento a esa nota de prensa emitida desde la Fiscalía en el mes de marzo, una medida que ha dejado boquiabiertos a no pocos juristas de este país. Entre ellos Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que fue muy crítico con Hurtado en El Intermedio de La Sexta. “¿Por qué cree que el juez Hurtado está actuando así?”, le preguntó la periodista Andrea Ropero. “Supongo que está convencido, profesionalmente creerá que está haciendo lo que tiene que hacer”, respondía el magistrado. “Desde mi perspectiva, creo que encarna un modelo de juez que no me convence”, añadió.
“Tal como están las cosas, es perfectamente posible”, dijo respecto a la posibilidad de que el fiscal general del Estado termine siendo procesado. “No tengo ninguna duda de que, si un cargo público es imputado, debe optar por dejar el puesto. Pero cuando la imputación tiene los problemas que tiene esta, es tan problemática, tan poco consistente, a mí se me plantea un problema. Porque ceder ante una iniciativa de esta naturaleza, yo no sé si se le puede exigir a una persona que, a mi modo de ver, está cargada de buenas razones”, reflexionó Perfecto Andrés echando un capotazo al máximo responsable del Ministerio Público acorralado por la caza de brujas. Andrés no lo dijo claramente, pero de sus palabras se pudo deducir que en este país hay magistrados que no actúan como debe actuar un juez, es decir, que se dejan llevar por sus ideas políticas.
Más allá de la famosa nota de prensa, el juez Hurtado ha asegurado que extiende el ámbito de imputación tanto a la publicación de la denuncia como a la del expediente tributario que sobre Amador publicó elDiario.es el pasado 12 de marzo. Precisamente, fue esta información la que provocó la primera denuncia por parte de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y llegados a este punto cabría preguntarse si las controvertidas actuaciones de los jueces Peinado y Hurtado han coincidido en el tiempo por simple casualidad o forman parte de eso que se ha dado en llamar lawfare o guerra sucia judicial. Y hay indicios que nos hacen sospechar que nos encontramos ante un plan “predeterminado”, tal como sugirió el propio fiscal general durante su última comparecencia ante Hurtado en el Supremo. Después de que Aznar dijera aquello de “el que pueda hacer que haga”, abriendo la veda del todo vale para derrocar al Gobierno de Sánchez, los jueces se pusieron manos a la obra en todos los frentes, caso Koldo, caso Begoña, caso fiscal general y caso hermano del presidente, a quien ayer la jueza puso más cerca del banquillo de los acusados al concluir que se le creó ex profeso una plaza de funcionario.
Más allá de cómo terminen todos estos asuntos (unos saldrán adelante, otros serán archivados) está claro que ha habido una conjunción de sumarios para consumar la maniobra de acoso y derribo del Gobierno desde los tribunales. Y todo ello con prácticas judiciales llevadas a cabo por jueces al punto de la jubilación que nada tienen que perder, con autos y diligencias muy discutidas desde el punto de vista jurídico. Si en este país se va a poner de moda la patada en la puerta de un juez ya nadie estará libre de que le allanen el domicilio (derecho fundamental reconocido por la Constitución) sin más pruebas que las meras conjeturas de un instructor con espíritu inquisitorial. Y si la emisión de una nota de prensa aclaratoria de un bulo va ser delito a partir de ahora, mal lo van a tener los cientos de trabajadores de gabinetes de comunicación, públicos y privados, que funcionan honradamente en este país. La seguridad jurídica ha saltado por los aires. Son las nefastas consecuencias de una forma de entender y practicar la administración de justicia más propias de otros tiempos que de una democracia seria y avanzada.