Vox ha declarado rotos los acuerdos de gobierno que mantenía con el Partido Popular (PP) en cinco comunidades autónomas debido al reparto de menores migrantes no acompañados. La ruptura se produce tras la conferencia sectorial de Tenerife, donde se acordó la distribución de estos menores, y ha llevado a Vox a convocar una reunión urgente y extraordinaria de su Comité Ejecutivo Nacional para decidir los próximos pasos.
Acusaciones de traición y ruptura unilateral
Vox ha lanzado duras acusaciones contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que ha obligado a los presidentes regionales de su partido a aceptar el reparto de 400 menores migrantes no acompañados. En su comunicado, Vox critica que "Feijóo ha entregado el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central y se ha aliado en Europa contra los intereses de los españoles". Para el partido de Santiago Abascal, esta decisión demuestra claramente la dirección en la que el PP quiere avanzar y con quién quiere aliarse.
La formación de extrema derecha sostiene que es Feijóo quien ha roto los gobiernos de coalición al incumplir los compromisos previamente acordados con Vox. Además, acusa al líder 'popular' de llamar individualmente a los consejeros del PP para asegurar sus votos a favor de las medidas del gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que, según Vox, estos consejeros se habían comprometido a rechazar el reparto.
Un discurso de confrontación y extremismo
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido con dureza, declarando que su partido no colaborará con quienes, según él, están "estafando a los españoles, saqueándolos y poniéndolos en peligro". Abascal acusa a Feijóo de haber llegado a la presidencia del PP con la mano tendida a Sánchez y de haber mantenido esta actitud de colaboración, alcanzando acuerdos tanto en tribunales como en Bruselas y en las comunidades autónomas.
Según los datos presentados, las autonomías gobernadas en coalición por PP y Vox tendrían que acoger un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Además, Baleares, donde el PP gobierna en minoría con el apoyo externo de Vox, debería acoger diez menores.
La política de inmigración como arma de confrontación
Vox ha utilizado la política de inmigración como un campo de batalla para enfrentarse al PP y demostrar su propia postura radical. Abascal y otros dirigentes de Vox han amenazado con romper los acuerdos de gobierno si el PP no utiliza todos los medios "políticos y legales" para oponerse al reparto de menores migrantes. Esta estrategia de enfrentamiento y ultimátums es parte integral de la táctica de Vox para mantener su base electoral movilizada y reforzar su imagen como la única fuerza política dispuesta a tomar medidas drásticas contra la inmigración.
La ruptura de estos pactos pone en evidencia la falta de cohesión y estabilidad en las alianzas formadas por la derecha española. Mientras que el PP, aunque generando serias dudas, pretende buscar una imagen de moderación y colaboración institucional, Vox insiste en una línea dura y sin concesiones, que no solo desafía al gobierno central sino también a sus propios socios de coalición.
La decisión de Vox de romper con el PP debido al reparto de menores migrantes no acompañados subraya la profunda divisiónen la derecha española sobre cómo abordar la cuestión migratoria. Este conflicto interno no solo crea un ambiente de inestabilidad política en las comunidades autónomas afectadas, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad de estos partidos para gobernar de manera efectiva y coherente.
En un contexto en el que la solidaridad y la cooperación deberían ser fundamentales para enfrentar los desafíos migratorios, la postura de Vox representa una barrera significativa para cualquier intento de política migratoria basada en la humanidad y la responsabilidad compartida. La ruptura con el PP y la convocatoria de una reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional indican que Vox está dispuesto a llevar esta situación al límite, poniendo en riesgo la estabilidad de los gobiernos autonómicos.