La Ley de Partidos establece claramente que una formación política puede ser ilegalizada si atenta contra los derechos fundamentales. VOX, con su discurso basado en el odio, la xenofobia y el racismo, encaja perfectamente en ese supuesto. El Estado tiene herramientas para frenar a quienes quieren destruir la democracia desde dentro.
La Ley de Partidos como dique de contención
En su artículo 9.2.a, la Ley Orgánica de Partidos Políticos establece que un partido será declarado ilegal cuando promueva, justifique o exculpe atentados contra la vida o integridad de las personas, o fomente la exclusión o persecución por motivos de ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
VOX vulnera cada uno de estos principios de forma sistemática. Desde sus primeros pasos como fuerza parlamentaria, ha utilizado las instituciones no para construir propuestas democráticas, sino para dinamitar los consensos básicos de convivencia. Su estrategia se basa en la criminalización constante del inmigrante, especialmente del procedente de África, al que asocian sin pruebas con la delincuencia, el desempleo y el “declive” de España.
Los efectos de esta propaganda son palpables. Los recientes disturbios en barrios populares como San Cristóbal (Madrid) o El Raval (Barcelona), donde se han producido agresiones a inmigrantes, tienen como caldo de cultivo una narrativa de odio promovida por VOX. Su discurso no solo alimenta el miedo y el rechazo, sino que legitima la violencia entre sectores radicalizados que encuentran en VOX la justificación ideológica a sus actos.
Una amenaza a la democracia desde las instituciones
VOX no representa una opción política más. Representa un proyecto autoritario, excluyente y contrario a los valores constitucionales. La ultraderecha española no busca el debate democrático, sino la eliminación del adversario político, la supresión de derechos a los colectivos LGTBI, feministas y migrantes, y la imposición de una identidad única basada en el nacional-catolicismo y la nostalgia franquista.
Este proyecto político no puede escudarse en la libertad de expresión. El odio no es una opinión. Es una herramienta de opresión. La democracia no está obligada a proteger a quienes usan su amparo para destruirla. La Ley de Partidos existe precisamente para estos casos: cuando una formación instrumentaliza el sistema para atacar los pilares que lo sostienen.
VOX ha cruzado todas las líneas rojas. Ha hecho de la exclusión su eje central. Ha alimentado el racismo, el machismo, la homofobia y la islamofobia. Ha deshumanizado a miles de personas por su origen, su religión o su orientación sexual. Y lo ha hecho desde el Congreso, desde los parlamentos autonómicos, y desde los medios de comunicación que amplifican su mensaje.
La legalidad democrática no puede seguir tolerando esta deriva. La inacción institucional frente al avance de la ultraderecha supone una claudicación del Estado de Derecho. La Ley de Partidos debe aplicarse sin miedo ni ambigüedad. Un partido que promueve el odio no tiene cabida en un sistema democrático.