Los fiscales del juico contra el Procés, desafían a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que ejercieron la acusación sobre el Procés, se apartarán si García Ortiz les impone la amnistía. En un escrito dirigido al máximo responsable del ministerio público, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo dicen lo siguiente: Si mantiene finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, será necesario dictar un decreto que acuerde la avocación de la causa para que sea despachada por Vuestra Excelencia o por quien designe a tales efectos.
Los cuatro fiscales que defendían la acusación por el delito de rebelión, que se oponían a los indultos y que ahora declaran la guerra a la amnistía, mantienen el pulso con Pedro Sánchez. Y, en consecuencia, al fiscal general, al que consideran una extensión del gobierno del PSOE. En el escrito advierten García Ortiz que, si considera que debe aplicarse la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos, deberá ordenarlo por escrito de forma motivada y fundamentada.
Estiman que su aplicación en relación con el delito de malversación de fondos es improcedente y contrario a las leyes porque no se ajusta a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma. En esta línea, avisan de que apelarán al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal si se les impone un criterio, un trámite que implica convocar a una audiencia de la Junta de Fiscales de Sala para emitir opinión, si bien la última palabra la acabaría teniendo igualmente Álvaro García Ortiz.
Esta guerra era cuestión de tiempo, y se ha abierto en cuanto la amnistía ha llegado al Boletín Oficial del Estado. El mismo día que la norma vio la luz en el Congreso los cuatro fiscales se reunieron con su superior jerárquico y le entregaron un informe donde argumentaban por qué la malversación no era amnistiable, por qué no debían retirarse las órdenes de detención contra los exiliados y la conveniencia, de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Era un texto con muchas opiniones, señalaban fuentes fiscales. Con la entrada en vigor de la amnistía, García Ortiz les ordenó que redactaran un nuevo informe para responder a las providencias que dictaron el juez instructor, Pablo Llarena, y la sala penal presidida por Manuel Marchena.
En sus escritos, los fiscales rechazan el olvido judicial a la malversación, entre otras cosas, porque la directiva europea reclama perseguir los hechos que puedan causar perjuicio en los intereses financieros de la UE. Precisamente, la ley de amnistía excluye de sus supuestos casos así, y estos fiscales consideran que los gastos para el referendo encajan en esta cláusula. En su providencia, Llarena lo apuntaba, cuando reclamaba a las partes que hicieran una clara referencia a ese punto. Precisamente, Sánchez se ha referido a las primeras trabas en la aplicación de la amnistía e hizo saber a jueces y fiscales que la voluntad del legislador, fue superar los hechos vinculados al Procés. En una entrevista en TVE, se mostró tranquilo porque las discrepancias que puedan haber se dirimirían en el Tribunal Constitucional, donde una mayoría progresista espera que acabe avalando la norma.
Da toda da la impresión que la malversación ha hecho, supuestamente, ricos a los políticos independentistas que llevaron a término el referéndum del 1-O, o es lo que se desprende de ello. Si fuera cierto ya habrían encontrado pruebas que lo demostrarían, pero como el caso, además de llegar al Constitucional podría acabar en Europa, no ha aparecido ninguna cuenta bancaria en el extranjero, como la cuenta falsa de Trías que le impidió ser alcalde de Barcelona.
En un país donde el poder legislativo tramita y aprueba las leyes y el poder judicial decide, de forma unilateral, si aplicará o no las mismas, no me parece un país con una democracia muy sólida y, donde la separación de poderes no está muy bien definida o así me lo parece.
Europa no solo no ha calificado la amnistía como fuera de lugar, sino que su Comisión de Venecia la ha bendecido y alabado como una ley perfecta en su contenido y motivo de su aplicación, dejando muy claro que no afecta en absoluto a la separación de poderes. Si embargo la judicatura española de su informe, solo parece hacer caso de lo último que dice, es decir, que el mismo no es vinculante y, por lo que parece, se aferra a ello con ganas.
Para Europa, el asunto no es «si los indepes se han hecho ricos» (Pobres no creo que sean) sino «si con sus gastos han causado perjuicio a las arcas europeas».