Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) que ya se mostraron a favor de investigar Caries Puigdemont por terrorismo le señalan ahora en un informe como el «líder absoluto» de Tsunami Democratic. En concreto, apelan a su «patrocinio intelectual y ético.»
El fiscal Fidel Cadena, en un documento de 14 páginas, recoge el análisis de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo que ya el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa que instruye el juez Manuel García Castellón.
Cadena, que ha redactado el texto a petición de la teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde, defiende que la mayoría de la junta de fiscales ve una «pluralidad de indicios» que acreditan el «liderazgo absoluto» y la «autoría intelectual» de Puigdemont.
A juicio de Cadena, el expresidente catalán «hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico» retirando su «apoyo carismático», pero «lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento.»
Los firmantes defienden que de la exposición razonada del juez Manuel García Castellón «se desprende la existencia de una pluralidad de ilícitos penales cometidos por el movimiento ‘Tsunami Democratic’.»
En este sentido, los fiscales hacen mucho hincapié en que Puigdemont estuvo informado desde el principio «constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones».
Recalcan que en el escrito de García Castellón se advierte que todas las actuaciones de la plataforma independentista estuvieron «orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont».
Por otro lado, señalan que la finalidad de esas actuaciones era «desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes».
A su juicio, las conductas descritas pueden considerarse, «al menos en este momento procesal», como «ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo».
