Renovar el CGPJ, ¡sí se puede!

¿Estamos ante el final de la mayor anomalía constitucional que se ha producido durante la transición? Es difícil saberlo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un órdago al PP hace unos días. O se pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial o “se adoptarán medidas”.

En estas páginas se ha dicho que la mejor opción consiste en la dimisión de todos los vocales progresistas y del presidente, Vicente Guilarte, y vaciar de contenido el órgano de gobierno de los jueces. Sólo con la participación de los vocales elegidos hace diez años por el Partido Popular, no cabe otra solución que proceder a su renovación por la vía propuesta por la izquierda: elección de nuevos miembros por mayoría simple. El problema es que Bruselas dijo, en su día, que esa no era una buena alternativa. Pero la Comisión Europea no tendría mas remedio que aceptarla porque no hay otra.

No puede ser que diez miembros, menos de la mitad, menos del quorum exigido por la ley, hagan y deshagan a su antojo por mucho que se les haya reducido las competencias. Porque, aún así, se dedican a cercar al gobierno de manera unilateral y eso es inadmisible en un estado que pretende ejercer la separación de poderes. Se están inmiscuyendo en política continuamente y eso no es democrático.

Existe otra alternativa que se ha expuesto en los últimos días. Hay quien plantea como solución que, dado que ya existen 51 candidatos, elegidos por los propios jueces y las asociaciones que desde hace cinco años optan a esas plazas, el Congreso y el Senado convoquen las sesiones parlamentarias para votar el nuevo Consejo. El reglamento de las cámaras permite activar el procedimiento, pero seguiría faltando el consenso. Se constataría, eso sí, algo que ya sabemos: el PP prefiere mantener la actual situación.

No hace falta mas que acudir a las hemerotecas y recoger el WhatsApp que el senador Ignacio Coisidó envió a sus compañeros de partido cuando se logró alcanzar un acuerdo mediante el cual el PP designaría 9 vocales y el PSOE, entonces con mayoría parlamentaria, 10. El beneficio que obtendrían los populares es el nombramiento de un presidente “afín”. “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente (que en la oferta inicial), pero ponemos un presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Otra consideración importante es que este reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador”. Está claro el camino escogido por Génova.

Esta alternativa sí que debería ser aceptada por Bruselas y más cuando el TEDH ha reconocido la vulneración de los plazos de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España en 2018 y 2019 y da la razón a seis magistrados de la asociación conservadora Francisco de Vitoria que llevaron el caso hasta Estrasburgo. Esos seis jueces figuran en la lista de candidatos. Sin embargo, con el parlamento disuelto en dos ocasiones, y la renovación del CGPJ atascada, el proceso no llegó a culminar porque, al final, Manuel Marchena renunció, visto el escándalo que se montó al trascender el mensaje de Coisidó

Los seis magistrados presentaron en 2020 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazado en 2021 por considerar que se había hecho fuera del plazo de tres meses que establece la ley orgánica de 1979 sobre el nombramiento de miembros del Consejo. Entonces acudieron al TEDH, que consideró que los demandantes, como candidatos reconocidos, «tenían derecho» a participar en el procedimiento de elección al CGPJ y a que sus candidaturas fueran estudiadas por el parlamento de forma oportuna.

Por lo tanto, la propia sentencia de Estrasburgo permitiría al parlamento escoger, de los 51 candidatos, 21 nuevos vocales los cuales asumirían las competencias del Consejo con plenas facultades, es decir recuperando las que fueron suprimidas mediante decreto de marzo de 2022 donde se prohíbe el nombramiento de magistrados de las instancias superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales territoriales superiores y audiencias provinciales mientras la institución permanezca “en funciones”.  Para esa designación sólo haría falta una mayoría simple. Lo único, que el gobierno tendría que negociar con los socios. Pero esa es harina de otro costal.

Podemos presentó una proposición de ley mediante la cual los doce vocales del CGPJ de extracción judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio serían elegidos en el congreso por mayoría de 3/5 de los diputados en primera vuelta, o por mayoría absoluta de los 176 miembros de la cámara baja en segunda votación. Los otros cuatro juristas de prestigio los elegirían los senadores por el mismo sistema. Los socialistas se echaron atrás porque pensaron que Bruselas se opondría al sistema. Pero en la Unión Europea no existe ninguna norma que imponga un determinado modelo de elección del Gobierno de los jueces. Ni siquiera el Reglamento de Condicionalidad de la Unión Europea, cuyo artículo 2 enumera los principios que concretan el Estado de Derecho, contiene una previsión de ese tipo.

Y si a ello sumamos que los vocales se designarían entre los candidatos presentados por las propias asociaciones de magistrados, nadie tendría que poner reparos a esta formula que desbloquearía, de una vez por todas, el tercer órgano en el que se apoya la democracia de este país. Un poder cuya imagen reputacional no sólo se encuentra bajo mínimos, sino que, dada su provisionalidad, permanece escaso de recursos humanos. Esa sería una solución, con o sin consenso. Porque la situación no da más de si.