El libre mercado no es, en sí mismo y como concepto, negativo. Pero se transforma en un elemento pernicioso con el planteamiento actual en el que prima la codicia y el acaparamiento de una minoría en contra del bienestar mínimo de la mayoría.
El artículo 47 de la Constitución Española afirma lo siguiente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso, los dos principales líderes políticos de España, prometieron/juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ambos han faltado a ese juramento. En consecuencia, tanto Sánchez como Ayuso son perjuros, porque, como representantes públicos elegidos por el pueblo, no han establecido «las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
El acceso a la vivienda es parte integral de la seguridad económica. Lamentablemente, la perspectiva de ser propietario de una vivienda es cada vez más difícil de alcanzar para las clases medias y trabajadoras debido a los altos precios y los elevados tipos de interés.
Esto también está teniendo efectos en el mercado de alquiler, ya que en España se está perpetrando un ejercicio de acaparamiento por parte de fondos de inversión, socimis, fondos buitre y grandes fortunas que está derivando en una reducción de la oferta, lo que, evidentemente, dispara los precios. Esto es especulación y ni Sánchez ni Ayuso la están frenando en aras de la defensa del libre mercado. Si esto está sucediendo en el mercado libre, en el acceso a alquileres o viviendas protegidas, el escenario se vuelve aún más peliagudo.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el precio del alquiler se ha incrementado un 60% en los últimos 10 años, lo que supone un aumento mucho más grande que la gran mayoría de los bienes de consumo. Un incremento tan pronunciado pone de relieve la creciente carga financiera que pesa sobre las familias y los desafíos que enfrentan para conseguir viviendas asequibles en un país en el que los salarios apenas suben.
El problema es más grave en las áreas metropolitanas. Los trabajadores y sus familias están siendo empujados a un escenario en el que se ven obligados a consumir la mayor parte de sus ingresos mensuales debido a la amenaza permanente de desahucio.
Por otro lado, en la España de Pedro Sánchez son cada vez más las familias que dependen de la asistencia del gobierno para poder sobrevivir. Esto, evidentemente, pone mucho más difícil el acceso a la vivienda en un país donde la política de vivienda accesible o protegida es prácticamente inexistente.
Las consecuencias de esta crisis de asequibilidad de la vivienda van más allá de dificultar el acceso. Los instrumentos seguros para generar riqueza son pocos, por lo que la mayoría de las familias dependen de su hogar como principal fuente de patrimonio neto. La creación de riqueza queda aún más fuera del alcance de muchas familias cuando el acceso a la propiedad de vivienda se vuelve más difícil.
La propiedad de vivienda inaccesible, el aumento de los alquileres y la discriminación generalizada crean en conjunto una situación terrible. Los mensajes positivos sobre la fortaleza de la economía pospandemia suenan vacíos cuando los precios de la vivienda continúan consumiendo una porción cada vez mayor de los presupuestos familiares.
Existe una tensión en el centro de la relación entre propietarios e inquilinos que dificulta que el mercado alcance una solución a esta sin la intervención de los organismos públicos, algo que, en principio, deberían estar obligados a hacer según indica la Constitución.
Los grandes propietarios están impulsados a maximizar la cantidad total de ingresos y la mejor manera de lograr ese objetivo es o atender sólo a inquilinos con ingresos más altos o minimizar el coste de mantenimiento de unidades más baratas mediante el abandono y la negligencia.
La estrategia de lujo excluye a las clases medias y trabajadoras, ya que los salarios no han seguido el aumento de los precios del alquiler en los últimos 40 años. Incluso en las épocas de bonanza, donde había importantes crecimientos salariales, no quedaba compensado el aumento de los precios de la vivienda.
Por otro lado, los fondos de inversión, que están acaparando todo el mercado inmobiliario, aplican la segunda estrategia, la de dejar sin mantenimiento las viviendas de alquiler más reducido. No hay más que ver lo que está sucediendo en determinados barrios de Madrid capital donde antes vivían familias de bajos recursos y, en la actualidad, son zonas altamente tensionadas.
España no ha hecho lo suficiente para regular el mercado de alquiler y proteger a los inquilinos de aumentos insostenibles, inseguridad habitacional y condiciones de vida inseguras.
Hay quienes, como Isabel Díaz Ayuso, pretenden desregularizar aún más en aras del libre mercado. Se han llegado a proponer más facilidades para los desahucios de inquilinos.
La realidad es que un mercado de alquiler insuficientemente regulado conduce a una reducción del nivel medio para las familias de clase media y trabajadora. La sobreproducción o la reconversión de viviendas de lujo para atender a una clientela de mayores ingresos está provocando un desvío hacia la inseguridad habitacional y condiciones menos seguras.
Una mayor desregulación no es la solución a la crisis del mercado inmobiliario español. En lugar de ello, los gobernantes están obligados por la Constitución a utilizar políticas que garanticen que las personas puedan acceder a una vivienda digna que sea económicamente sostenible y equitativa. La situación es tan grave, por el abandono del pasado y del presente, que será necesario un conjunto de políticas centradas en la equidad para lograr los cambios que exige la Carta Magna.
La construcción de viviendas públicas que sean energéticamente eficientes y seguras sería el método más directo para abordar la actual escasez de oferta de viviendas.
En consecuencia, tanto Sánchez como Ayuso, al ser los principales líderes políticos del Estado español, están obligados a mantener un mercado inmobiliario que sea accesible para todos. Se trata de una cuestión demasiado crítica como para dejarla al azar o a las turbulencias del mercado. La vivienda, como derecho reconocido por la Carta Magna, no debería llevar aparejado la ruina o el endeudamiento extremo que deriven en un empeoramiento de las condiciones de vida.