El Ministerio de Sanidad rechaza la responsabilidad de la Administración ante los efectos adversos derivados de la inoculación contra el Covid-19. Señalan al hecho de que el ciudadano que se vacuna de manera voluntaria, deberá asumir los efectos adversos derivados del producto si ha prestado su consentimiento informado.
Miocarditis aguda tras inoculación con Moderna
Es la respuesta que se ha dado ante la denuncia de un joven que sufrió un infarto en diciembre de 2021, inmediatamente después de inocularse contra el Covid-19.
Su abogado confirma que los informes médicos apuntan a una probable reacción vacunal a la inoculación contra el Covid-19 que se le había administrado horas antes de sufrir la afección cardiaca. El procedimiento judicial, donde el joven afectado reclama una indemnización de dos millones de euros por los daños sufridos desde entonces, se encuentra ahora mismo en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado.
La AEMPS considera probable la relación causal
Desde la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), Antonio Blázquez Pérez, Jefe del Departamento de Medicamento de Uso Humano, ha señalado también que la relación entre la inoculación del producto de Moderna contra el Covid-19 y el infarto sufrido por el joven es «probable». En el documento de la AEMPS se confirma que la miocarditis «es un efecto adverso identificado para las vacunas ARNM frente al Covid-19». En la propia ficha técnica así se señala, tras la modificación que sufrió el texto en julio de 2021.
Sanidad señala a la voluntariedad y al consentimiento informado
El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha presentado un informe, y además ha confirmado a The Objective, que el Estado queda exento de cualquier responsabilidad en estos casos, puesto que «la posibilidad de que se produjese el daño del que deriva la reclamación había sido divulgada por la AEMPS cuando se le administró la vacuna y dicha vacuna fue recibida voluntariamente». En este sentido, el Secretario de Estado de Sanidad considera que «no puede imputarse responsabilidad a las administraciones públicas a raíz de esta reclamación».
El abogado que defiende al afectado considera que no es de recibo pretender que el común de la sociedad acuda a consultar los informes de la AEMPS. Luis María Pardo considera esta situación como una «vergüenza». Y ha recordado campañas realizadas desde las propias instituciones públicas donde se insistía en la eficacia y seguridad de estas inoculaciones. «La gente se vacunó porque los organismos oficiales les dijeron que la vacuna protegía», remarca Pardo.
Según la declaración del Secretario de Estado, Luis María Pardo considera que se está «abandonando a los ciudadanos con graves efectos adversos, y lo que es más desconcertante aún, despreciando al reclamante que lleva más de dos años esperando la resolución del procedimiento administrativo para poder acudir a la vía judicial contra la Administración». «Tras más de dos años, nos vemos en la obligación moral de dar a conocer que el Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, es incapaz de resolver dicho procedimiento, que como máximo debió haberlo resuelto en 6 meses, donde hay un informe encima de la mesa de la propia AEMPS, en el que se reconoce la relación probable entre la vacuna de Moderna y la miocarditis aguda de este joven».
Estaba claro, jamás un médico del servicio público prescribió la vacuna, por eso, el Estado no es responsable. Sin embargo, la presión y el engaño sí se utilizaron y los jueces deberían considerarlo en sus fallos
Que mal se debe sentir un no de estos pobres vacunados.