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Sanidad. En busca de la derogación perdida

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análisis

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Un repaso histórico sobre las promesas (desde hace décadas) de la izquierda presente en el poder legislativo y su posición para derogar las leyes que permiten la privatización de la sanidad.

Todo lo que deberías saber para que no te engañen.

La ley 15/97 instrumento para privatizar el SNS, fue aprobada con amplio consenso parlamentario ya hace casi tres décadas. Con anterioridad, la Ley General de Sanidad de 1986 ya permitía ceder actividad de los centros públicos a la empresa privada gracias a los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos privados). 

En las últimas semanas estamos asistiendo a diversas noticias sobre una eventual derogación de las leyes que permiten a privatización del sistema sanitario.  Es importante refrescar algunos datos para valorar con un mínimo de objetividad estos movimientos.

En 1999 se inicia el proceso de privatización en el País Valenciá, con la apertura del hospital de Alzira, primer centro abierto al amparo de la Ley 15/97, y cedido por décadas a empresas privadas. Cero movilizaciones. La “izquierda” asiste en silencio al experimento.

En 2004 se inicia el proceso de privatización en Madrid. Se crea la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad que permite organizar la lucha de decenas de colectivos. Entre 2007 y 2012 se producen movilizaciones masivas de miles de personas, fundamentalmente usuarios, exigiendo derogar la Ley 15/97 y rescatar los centros privatizados. En 2009 se registraron en el Congreso de los Diputados medio millón de firmas solicitando la derogación de la citada Ley. Aunque el PSOE tenía mayoría para derogarla, ni lo hizo, ni Zapatero aceptó recibir a los promotores, ni contestó a la carta que le remitimos. Las movilizaciones producidas entre 2004 y 2012, el denominado “periodo oscuro”, que apuntaban a las causas profundas del proceso privatizador y a sus responsables directos, fueron ocultadas por los medios del poder. Solo medios internacionales lo cubrieron (BBC y ARD).

En 2012, con 12 hospitales de la Comunidad de Madrid ya en manos privadas por tres décadas, con miles de camas cerradas en los centros de gestión directa y apreciándose ya los primeros efectos del proceso de deterioro sanitario, nace la marea blanca madrileña, con su eslogan “la sanidad no se vende, se defiende”, que de alguna manera intenta suavizar  los más directos “derogación, 15/97”, “el PP privatiza, el PSOE autoriza”, y “PSOE, PP, la misma mierda es” que habían prevalecido en las movilizaciones previas. Las mareas movilizaron parte de la sociedad y fueron de algún modo manipulas por un PSOE, ya en la oposición, dispuesto a pescar en las aguas revueltas de la movilización, y que presentó en el Congreso una proposición no de ley de derogación de la Ley 15/97, a sabiendas de que no disponía de mayoría para aprobarla, siendo derrotada por la mayoría absoluta del PP.

Entre 2011 y 2018, con el PP en el gobierno central, PSOE, Podemos e IU prometen que, si gobiernan, derogarán la ley 15/97 y blindarán la sanidad (aquí, aquí), aunque según van acercándose a la posibilidad de gobernar van moderando el discurso y las referencias a la derogación acaban desapareciendo.

En la pasada legislatura (2020-2023), el gobierno PSOE-Unidas Podemos anunció un anteproyecto de ley  (Ley Darías) en la que se especificaba la derogación de la Ley 15/97…cuando en realidad lo que se hacía era trasladar su contenido a la propia Ley General de Sanidad.

En esa misma legislatura sí fue presentada una ILP para la “Recuperación del Sistema Nacional de Salud” que incluía la derogación de las leyes que permitían la privatización; la limitación al mínimo de los conciertos con centros privados;  el refuerzo de la atención primaria para poder  atender adecuadamente a la población, incluidas las residencias de mayores; así como la creación de un sistema público de farmacia. La ILP, presentada por decenas de grupos de base de todo el Estado, fue boicoteada por los partidos políticos de “izquierdas” y no logró reunir las 500.000 firmas preceptivas.

En la presente legislatura, el pasado mes de abril, Podemos, desde el grupo Mixto, presentó una Proposición de Ley de medidas para “garantizar el carácter público del Sistema Nacional de Salud”, que fue admitida a trámite, en la que se recoge la derogación de la Ley 15/97. Como en otros temas es paradójico que pudiendo haberlo hecho durante toda la legislatura anterior, en la que formaban parte del gobierno, hayan esperado a estar fuera de él, para presentarla.

Apenas un mes después, sus antiguos aliados de Sumar, a través de la ministra de Sanidad han presentado una “consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud”. En esta curiosa consulta, Mónica García afirma que “se cierra así la Ley 15/1997” sin plantear de manera clara la derogación; y habla de “poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos” con juegos malabares retóricos que pueden dejar entender que los beneficios razonables son lícitos manteniendo en realidad  la posibilidad de que entidades ajenas participen en la prestación de servicios sanitarios públicos, al hablar de “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”. Así, no plantea en ningún momento y de manera taxativa la imposibilidad de que el sector privado acceda a los servicios públicos. Por otra parte, se obvia el artículo 67 de la Ley General de Sanidad que permite desde hace décadas que hospitales privados asuman en exclusiva la atención sanitaria de cientos de miles de personas en todo el Estado con fondos públicos, mediante la figura de los “convenios singulares”.

En definitiva, aparte de las dudas lógicas sobre los plazos y el desarrollo de esta “consulta ciudadana” para elaborar un futuro anteproyecto de ley, cabe la duda razonable de porqué en este momento desde Sumar se lanza esta propuesta, cuando desde hace un mes ya hay un anteproyecto de ley que se supone, con los mismos objetivos, y ya admitido a trámite. Los movimientos de cara a la galería entre los antiguos socios, hoy enfrentados en pugna por aparentar quien está más a la izquierda que el otro, pueden explicar con bastante fundamento esta representación.

No hay ninguna evidencia real de que desde el gobierno actual se vaya a blindar el sistema sanitario público. Es más, el deterioro continuo está permitiendo la expansión del sector privado como nunca antes había ocurrido. Esta situación no es exclusiva del Estado español, tiene lugar en todos aquellos países sobre todo europeos, que contaban con sistemas sanitarios universales. Responde al momento histórico actual, en el que el capitalismo ya no necesita mantener sistemas de atención universal. En la actual coyuntura la cobertura adecuada de las necesidades sanitarias de determinados sectores de población, como son los mayores internos en residencias, los inmigrantes “irregulares” y el denominado “precariado”, no son prioritarios para el capitalismo desbocado cuyo único objetivo es acaparar la riqueza de todo el planeta. Los sistemas sanitarios “públicos” del siglo XXI están gravemente enfermos. Enfrentar esta enfermedad apuntando solo a los síntomas de manera cosmética, pero no actuando sobre sus verdaderas causas, no conduce nada más que al agravamiento del proceso de deterioro de un sistema sanitario justo y equitativo, y la consecuente pérdida de salud y vidas dignas.

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