El corporativismo judicial más acérrimo ha actuado ipso facto este viernes en el caso Juana Rivas. Lejos de afear una decisión judicial polémica de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo, un total de 107 titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España han firmado un escrito de rechazo al señalamiento de su compañera por parte del despacho de abogados Aránguez, que defiende los intereses de Juana Rivas. En un escrito firmado de forma conjunta por más de un centenar de jueces, señalan que “los abajo firmantes de este escrito queremos mostrar nuestro rechazo por lo que consideramos un ataque personalizado a la compañera, que excede con mucho de un pretendido ejercicio del derecho de defensa de la señora Rivas, y de un derecho a la crítica a las resoluciones judiciales, y con el que, como ya sucediera en el año 2017, parece pretenderse iniciar una campaña mediática dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses de la señora Rivas, si bien en este caso dicha campaña se dirige ya de manera frontal y directa contra la Magistrada titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer no 2 de Granada, al iniciarse la nota con las palabras ‘quédense con este nombre: Aurora Angulo’, e incorporarse varias referencias directas a la misma a lo largo del texto”.
Esta jueza ha emitido este jueves un auto en el que rechaza la inhibición decidida el pasado día 7 de enero por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada sobre el regreso del hijo menor de Juana Rivas a Italia al considerar que los hechos que han sido denunciados no corresponden a un caso de violencia de género y, por lo tanto, no son de su competencia.
Esta decisión, sin embargo, no afecta a la suspensión de la orden de regreso que de forma provisional y urgente decretó el Juzgado de Instrucción cuando se encontraba en funciones de guardia por lo que el menor podrá continuar en territorio español por el momento, informan fuentes judiciales.
Esta decisión judicial ha sido respondida también de forma tajante por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien recuerda que siempre debe prevalecer el “interés superior del menor”. La ministra añade que “el interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador”.
La ministra de Igualdad recuerda que siempre debe prevalecer “el interés superior del menor”
Del mismo modo, la ministra recuerda que tanto los Juzgados de Violencia contra la Mujer, si se entiende que hay violencia de género o vicaria, como los Juzgados de Instrucción y los de Familia, si se entiende que hay violencia doméstica, pueden y deben proteger y amparar al menor, en aplicación de la obligación del Estado Español de aplicar la diligencia debida recogida en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el Convenio de Estambul.
La ministra recuerda que el Reglamento 2019/1111 del Consejo de la Unión Europea, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, deja la puerta abierta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contrario al orden público o a que la competencia judicial corresponda al país dónde está el menor de facto siempre y cuando exista un problema de orden público, considerando a este como un orden constitucional, en el que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas por igual. “El orden público en democracia es el orden público basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre”, explica la ministra. Redondo destaca por último que es imprescindible seguir avanzando en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que tipos de violencia como la vicaria dispongan de una normativa aplicable en España.
Los jueces de Violencia sobre la Mujer firmantes del comunicado de condena de la estrategia de defensa de Rivas apuntan que “con este tipo de acciones no sólo se busca el desprestigio directo de la compañera contra la que se dirige el ataque, sino en general, contra todos los que titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, respecto de quienes se pretende generar la duda acerca de su capacidad y cualificación profesional, para someter al escrutinio público cuestiones estrictamente jurídicas que pasan a ser debatidas en tertulias televisivas, radiofónicas, redes sociales, con opiniones de toda índole, y que muchas veces rozan la frivolidad, olvidando la importancia de las cuestiones que en definitiva se debaten, cuales son la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores”.