El Fondo de compensación a las víctimas del amianto parece que será una realidad. Parece que la presión de los sindicatos, UGT y CCOO y de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, que se han concentrado varias veces frente al Congreso exigiendo al PSOE la reformulación de sus enmiendas, ha dado sus frutos. Finalmente se ha llegado a un acuerdo que compensará a la víctimas y garantizará la financiación del Fondo Público del Amianto.
Fondo Público del Amianto
Unidas Podemos y el PSOE se comprometen a que el Fondo Público del Amianto este en marcha en los próximos tres meses.
Fuentes Unidas Podemos confirman que una vez sea aprobado el texto de la ponencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, pasarán tres meses hasta que la Ley que creará el Fondo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y una vez ocurra, a los 20 días entrará en vigor.
El Fondo del Amianto estará garantizado por los Presupuestos
El Fondo estará garantizadoanualmente en losPresupuestos Generales del Estado y con las cantidades obtenidas por subrogación de los afectados en vía judicial.
Junto a estos plazos, el acuerdo firmado contempla importantes novedades. No sólo se beneficiarán del Fondo los trabajadores afectados por su exposición al amianto.“Tendrá en cuenta a las víctimas domésticas o familiares, que han podido verse afectadas por tareas como el lavado de ropa, o las víctimas ambientales”.
A estas personas, “se les compensará con la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a aquellos causahabientes que dependieran económicamente del causante”.
De forma específica, la norma contempla que se compensará a quienes tengan el “reconocimiento de una enfermedad ocasionada por el amianto. A quienes no se les reconozca como enfermedad profesional, pero que hayan demostrado que su causa principal o coadyuvante haya sido su exposición. Y a las personas causahabientes de los anteriores beneficiarios de los que “dependieran económicamente”.
Comisión de seguimiento
Las Comisión “contará con los recursos derivados de las aportaciones provenientes de las sanciones impuestas por la autoridad laboral correspondiente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales relacionada con el amianto y por las rentas o frutos del propio Estado”.
Se creará una Comisión de seguimiento ayudará en “la mejora de la respuesta en la protección de las personas expuestas y sus familiares”.
Esta Comisión de seguimiento estará compuesta “por representantes de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. También las estatales, autonómicas, entidades y expertos de reconocido prestigio de la comunidad científica conocedores de las consecuencias y patologías derivadas del amianto y de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto”.
UGT y CCOO
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre ha destacado que “los sindicatos pedíamos a los grupos establecer coeficientes reductores en la jubilación”. También, “hemos exigido que se anticipara la edad de jubilación a los 60 años. Para las personas que han trabajado en presencia de amianto, pero ninguna de las medidas ha prosperado en el dictamen acordado por los grupos parlamentarios”.
Desde CCOO también han reclamado que las indemnizaciones estén exentas de tributación, como ocurre con algunas como las del VIH. No así con las del fondo de compensación a víctimas de la talidomida.