La sentencia es unánime entre juristas, abogados especializados en violencia de género y organizaciones feministas: el interrogatorio del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a la denunciante de agresión sexual Elisa Mouliaá sobre el ex político Íñigo Errejón es la norma y no la excepción entre las víctimas de violencia machista o de agresión sexual que deciden denunciar a sus agresores. Flaco favor de los garantes de la justicia en la lucha contra las violencias machistas y el compromiso de la sociedad en general para erradicar este problema estructural.
Ausente por completo de perspectiva de género, agresivo con la denunciante y dirigiendo en todo momento las respuestas del denunciado, las preguntas que el magistrado realizó a la actriz y presentadora, en muchos casos soeces, ha provocado una oleada de críticas y rechazo de políticos, entidades feministas y organizaciones de juezas y jueces. Todos ellos apuntan en una única dirección: en pleno año 2025, con una ley en vigor desde hace más de dos décadas y otra que otorga especial protección a las víctimas de la violencia de género, no son aislados ni mucho menos los casos de jueces que ponen todo su empeño en los interrogatorios sobre la denunciante y presunta víctima y no sobre el denunciado o presunto agresor sexual.
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha reivindicado en la red social X “una justicia garante de derechos, respetuosa con la intimidad y que evite prácticas revictimizadoras, conforme al Estatuto de la Víctima, Ley 10/2022 y el Convenio de Estambul”. Asimismo, recuerda que se debe “preservar” el secreto de las actuaciones y cumplir el artículo 683.1 de la LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal). También la magistrada y ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell ha repudiado la actuación del magistrado en el caso Errejón. “Me avergüenzo como magistrada, y me muero de rabia por su efecto disuasorio para las demás víctimas. Cuando les digan “denuncia” recordarán esto. Hechos, no palabras. Por eso solo denunciaba el 8%. Estaba creciendo, pero ya veremos el efecto de este maltrato institucional”, señala la ex dirigente de Podemos y ex compañera de partido del propio Errejón. La jurista considera “muy grave” lo sucedido en este caso. “Espero que no solo las feministas, también la abogacía, judicatura y fiscalía actúen ante las filtraciones, vulneración de derechos y grave maltrato institucional, incluidos gritos e interrupciones constantes a una denunciante de agresión sexual. No normalicemos”.
Sólo el 31% de los jueces en ejercicio en España ha realizado el curso de perspectiva de género obligatorio desde 2019 para la especialización
La abogada experta en violencia de género Nuria González también asegura tajante que “todos los interrogatorios de delitos sexuales son así o mucho peores. Y si así pregunta el juez imaginar cómo puede preguntar el abogado defensor del investigado”, se pregunta. De forma irónica apunta “a toda la peña entre sorprendida y compungida por el interrogatorio” a Mouliaá que “esto sólo es la instrucción, imaginar el juicio con peritos, testigos, alegatos finales destrozando las versiones de ambos, etc…”. La abogada vaticina que “hay una altísima probabilidad de que absuelvan a Errejón”.
El consentimiento en el centro
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha sumado también sin tapujos a las críticas al juez que ha interrogado a Mouliaá y Errejón. “Este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual pone el consentimiento en el centro y ha cambiado el paradigma de valoración de las conductas machistas. El juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima”, ha señalado la titular de Igualdad.
Adolfo Carretero, con una dilatada trayectoria profesional, es el mismo magistrado que llevó el caso del fraude de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid y el que asumió el de las presuntas injurias a la bandera por parte del cómico Dani Mateo tras sonarse con ella la nariz. El caso fue finalmente archivado.
Los 107 jueces de Violencia sobre la Mujer que defendieron a una compañera por el “ataque personalizado” del abogado de Juana Rivas aún no se han pronunciado sobre el interrogatorio a Mouliaá
Actualmente, solo el 31% de los jueces en ejercicio en España ha realizado el curso de perspectiva de género obligatorio desde 2019 para la especialización, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el año 2010, apenas 329 jueces han realizado hasta hoy el curso sobre violencia de género que deben cursar de forma obligatoria los jueces por cambio de orden a violencia de género. A estos se deben sumar los jueces que concursan y deben cambiar de orden y que, aun no estando obligados a realizar este curso de violencia de género, lo hacen de forma voluntaria. En total, son 39 jueces desde 2018.
Hace solo unos días, un total de 107 jueces y juezas titulares de juzgados de violencia sobre la mujer han firmado un comunicado mostrando su “enérgica repulsa” por el “ataque personalizado” que dicen que ha sufrido la jueza del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por parte del equipo de abogados de Juana Rivas. Por el momento, se desconoce si este centenar de jueces especializados en violencia machista tiene pensado suscribir otro comunicado conjunto de repulsa contra el interrogatorio a la denunciante de agresión sexual por parte del ex político Íñigo Errejón.