Tras años funcionando como albergue informal para centenares de personas sin hogar, el aeropuerto de Barajas dejará de ser, desde este jueves, un refugio nocturno. Aena argumenta que el espacio “no está preparado para habitar”, mientras el Ayuntamiento asegura haber habilitado una solución. Sin embargo, colectivos sociales denuncian una estrategia de desgaste progresiva y una política de exclusión que abandona a quienes ya lo han perdido todo.
Despertar entre megáfonos de embarque, ocultarse entre las columnas de la T4, buscar una silla sin reposabrazos para dormir unas horas. Así ha sido la rutina diaria de centenares de personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante los últimos cinco años. Pero desde este jueves, 24 de julio, ni siquiera eso estará permitido. Aena ha informado oficialmente que prohibirá la pernocta en sus instalaciones. La solución, dicen, es un nuevo centro de acogida municipal. Pero las entidades sociales que trabajan sobre el terreno hablan claro: el desalojo llega sin garantías suficientes y sin escucha previa.
Desde 2019, Barajas se convirtió en una suerte de refugio improvisado para quienes no encontraban cabida en la red de servicios sociales. Allí han dormido más de 400 personas cada noche, según un censo realizado por Cáritas, Bokatas y la Mesa por la Hospitalidad entre marzo y abril. Personas con enfermedades crónicas, trabajadores pobres, migrantes sin red, hombres solos entre 45 y 64 años que viven en los márgenes de una ciudad que presume de modernidad.
Más de la mitad están empadronados en Madrid, y el 51% tiene tarjeta sanitaria. Muchos trabajan, se duchan o buscan servicios básicos durante el día y regresan a las terminales al caer la noche. Para ellos, el aeropuerto no era una solución, pero sí un refugio último.
De la invisibilización al cierre
Aena insiste en que los aeropuertos “no son infraestructuras preparadas para habitar” y que el cierre responde a la apertura del nuevo centro anunciado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida en mayo. También rechaza cualquier vínculo entre las personas sin hogar y una supuesta plaga de chinches, a la que algunos rumores malintencionados habían asociado.
Pero las ONG lo ven de otro modo. Denuncian una estrategia sistemática de desgaste: retirada de bancos, eliminación de enchufes, limitación de horarios, control de accesos... una presión silenciosa orientada a disuadir, no a proteger. Y ahora, la expulsión definitiva.
Desde el Ministerio de Transportes se ha instado a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a actuar y ofrecer alternativas reales. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue claro: la situación es una “emergencia social”, no un problema de orden público. Pero ni las cifras ni los datos técnicos han bastado para frenar el cierre.
¿Soluciones o lavados de cara?
La gran pregunta sigue sin responderse: ¿qué ocurre con quienes no encajan en el nuevo centro? ¿Habrá espacio suficiente? ¿Qué pasa con quienes no cumplen los requisitos administrativos o se encuentran en situación irregular? El Defensor del Pueblo pidió una reunión urgente entre Aena, el Ayuntamiento y su oficina. Pero la decisión ya está tomada.
El modelo de El Prat, en Barcelona, demuestra que otra vía es posible: financiación pública, personal especializado y coordinación institucional. Allí no se criminaliza la pobreza ni se expulsa a quienes no tienen adónde ir. Allí se protege.
En Madrid, en cambio, se opta por el desalojo. Porque el problema no es la pobreza, sino su visibilidad. Porque resulta más fácil eliminar a quienes incomodan que replantearse políticas públicas de vivienda y exclusión.
El aeropuerto de Barajas no era un hogar, pero sí un techo para cientos de personas. A partir de este jueves, ni siquiera eso. Y lo que se presenta como un paso hacia soluciones dignas corre el riesgo de ser una simple operación cosmética para barrer la miseria bajo la alfombra institucional.