La campaña Escuela Saludable de Ecologistas en Acción, la red Adolescencia Libre de Móviles, que aglutina a más de 30.000 familias comprometidas en la protección del inicio precoz y disruptivo de smartphones, y la iniciativa Por una Escuela Off han valorado de manera positiva el informe del Comité Español de Personas Expertas, promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia, "ya que es un primer paso en el reconocimiento de las consecuencias negativas de la digitalización en menores".
Las organizaciones e iniciativas firmantes celebran que dicho informe sintonice con las conclusiones y recomendaciones de otros dictámenes europeos y sociedades sanitarias de psicología y pediatría. Así como el hecho de que se haya puesto en valor el amplio consenso científico que apunta a la exposición a dispositivos digitales y redes como un factor inequívocamente disruptor en el desarrollo general de niñas, niños y adolescentes.
Para las organizaciones, el principio de precaución en el despliegue de tecnologías dirigidas a menores ha estado totalmente ausente en aspectos de salud, educativos y socio ambientales. “Aunque llegamos tarde para evitar los daños ya provocados, el informe del Comité de Personas Expertas puede ser un punto de inflexión en el proceso de protección efectiva de los menores”, han declarado.
A su vez, hacen un llamamiento a invertir la “actual política desprotectora que, por acción u omisión, permite la situación crítica actual: irrupción de pantallas y redes en la vida de niñas, niños y adolescentes de forma precoz, indiscriminada, desregulada, carente de fundamento psicopedagógico y permeable a la enorme presión de los intereses lucrativos de la industria”. Una política que según afirman "no atiende a la biocompatibilidad, a la desproporcionada huella ambiental de su implantación en los centros educativos, ni a la vulneración de la privacidad del alumnado”.
Por todo ello, partiendo del contenido de dicho informe, Ecologistas en Acción, Adolescencia Libre de Móviles y Por una Escuela Off consideran inaplazable e inexcusable la implementación de varias medidas: aplicar en el ámbito sanitario y asistencial los protocolos de prevención e intervención relacionados con la introducción disruptiva y precoz de una tecnología digital adictiva en menores, en pleno proceso de desarrollo; reformular el concepto de “competencia digital” en el ámbito educativo, para que no sean necesarias las pantallas; promover el derecho de familias y menores a una educación de calidad sostenible que no dependa de la exposición ni del uso de dispositivos digitales (privados o del centro educativo) y redes inalámbricas, ni de la cesión de datos a plataformas de la industria digital; respaldar institucionalmente las campañas que abogan por el retraso de la edad de entrega del primer smartphone, al menos hasta los 16 años; desarrollar campañas de concienciación a profesionales y familias, sobre el mito del “uso responsable” en menores y los efectos indeseados de su exposición a tecnologías digitales, así como de la necesidad de la experiencia vivencial en estas etapas de la vida; promover una infancia y adolescencia libres de redes sociales digitales (al igual que libres del humo del tabaco), limitando su acceso hasta, al menos, los 16 años; intervenir para proteger de los contenidos dañinos y los algoritmos adictivos, dirigidos a menores, que se viertan en las redes, y educar en un uso sobrio, biocompatible, sostenible, ético y crítico de la tecnología digital que preserve la privacidad, sin necesidad de su introducción disruptiva y precoz, en defensa de la salud y el planeta.