ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha denunciado un presunto escándalo en el que se podría ver implicado el nombre del recientemente fallecido magistrado del Tribunal Supremo Ángel Aguallo Avilés.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Diario16, el magistrado sufría desde hacía más de 8 años la enfermedad degenerativa esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le impedía moverse. Esto fundamentaría la sospecha de que Aguallo hubiese sido presuntamente suplantado por terceras personas, las mismas que redactarían las más de 15 sentencias mensuales que el CENDOJ sigue publicando con su nombre hasta la actualidad.
El Tribunal Supremo informó el pasado 13 de mayo del fallecimiento del magistrado Ángel Aguallo Avilés. Según la nota emitida, el magistrado estaba adscrito desde el 2008 a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aclarando que, en su última etapa, se dedicó a resolver los asuntos tributarios que ingresaban en el alto tribunal.
La denuncia señala que la versión oficial era que, a pesar de reconocer que Aguallo Avilés llevaba años postrado en la cama «su mente era plenamente consciente y viva, y pudo seguir haciendo frente a las exigencias de su puesto hasta los últimos días merced a los avances tecnológicos de nuestro tiempo».
Sin embargo, según se señala en la denuncia, no se aclara «qué avanzada tecnología utilizarían como interfaz capaz de conectar esa prolífica lúcida mente y los escritos firmados por Aguallo. Socios de ACODAP expertos en nuevas tecnologías piden una demostración práctica de las metodologías y/o tecnologías utilizadas, porque la cosa suena a ciencia-ficción».
Por esta razón, ACODAP señala en su denuncia que «esa afirmación del Alto Tribunal es absolutamente falsa porque no existe ninguna tecnología hoy en día que permita a un enfermo de ELA redactar sentencias ni participar en deliberaciones, y menos si está postrado en la cama».
¿Quién redactaba las sentencias?
La asociación denuncianteexige conocer, a través de su denuncia, quién presuntamente redactaba y firmaba las sentencias de Aguallo y quién participaba en las deliberaciones. «Es casi imposible explicar cómo un enfermo terminal de ELA postrado en la cama fuese “capaz” de redactar de 15 a 20 sentencias mensuales (una diaria) y participar en más de 100 deliberaciones en el mismo periodo de tiempo. Los secretarios de la Sección y de la Sala deberán pormenorizar cómo se producía el “milagro” mensual de la prolífica multiplicación de las sentencias y las deliberaciones del magistrado gravemente enfermo. Por eso urge la peritación caligráfica que compare su firma de antaño con la que aparece en las sentencias recientes y actuales, y en el acta de las deliberaciones», se indica en la denuncia.
Por otro lado, ACODAP indica que «casualmente los enlaces de Google donde aparece Aguallo Avilés se han reducido a la mínima expresión en lo que apariciones públicas se refiere. Es como si alguien se hubiese preocupado de hacerle invisible en internet en otra cosa que no sean sus escritos».
Por el momento, la asociación ha denunciado a los secretarios presuntamente responsables de haber permitido la supuesta suplantación de firma en miles de documentos oficiales. De confirmarse los hechos denunciados, tras la obligatoria investigación, podría constituir un delito continuado de falsedad en documento público y oficial, lo que podría provocar incluso la nulidad de una enorme cantidad de resoluciones y sentencias.
Un magistrado envuelto en la polémica
En la denuncia se señala que Ángel Aguallo Avilés fue un magistrado eternamente perseguido por la polémica. En 2008 ocupó plaza como magistrado en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, accediendo por «quinto turno». Su trayectoria en la judicatura ha estado continuamente salpicada por el fantasma de la presunta corrupción, incluso desde que ocupaba plaza en el Tribunal Constitucional como Letrado.
Aguallo, por ejemplo, asesoró a uno de los principales imputados en el Caso Unión. Su nombre volvió a saltar a la palestra en el marco del Caso Urdangarín. Hubo otra turbia causa abierta en Lanzarote en la que este magistrado se vio involucrado por causa de sus labores de asesoramiento privado.
El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, aportó al Juzgado correos electrónicos que probarían el asesoramiento de Aguallo a los directivos del Instituto Nóos en un proyecto de responsabilidad social corporativa para Pernod Ricard. Según publicaron distintos medios, esos correos fueron enviados «desde direcciones corporativas del Ministerio de Justicia».
En la causa abierta en Lanzarote los agentes también encontraron correos electrónicos intercambiados entre el magistrado y Luis Lleó. Esas pruebas terminaron siendo invalidadas al anularse los autos de entrada y registro en las oficinas del empresario. El motivo fue un «supuesto error» en la redacción del auto. A esto habría añadir que el juez instructor de la causa denunció la sustracción de éste y otros autos originales del procedimiento.