A cinco años del estallido de la pandemia, el dolor de muchas familias sigue sin cicatrizar. Ahora, agrupados en torno a la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, familiares de víctimas y profesionales del ámbito sanitario y jurídico se preparan para llevar a Europa un relato común: el de la exclusión sistemática de miles de personas dependientes durante la emergencia sanitaria. El próximo 21 de mayo aprobarán la reclamación que presentarán ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, con el propósito de denunciar lo que consideran una vulneración flagrante de los derechos más elementales.
Un esfuerzo colectivo para recuperar la verdad
La iniciativa nace del impulso de quienes vivieron de cerca las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas durante los meses más duros del confinamiento. En una reciente reunión de trabajo, representantes de familias, profesionales de la salud, juristas y activistas sociales acordaron la creación de una comisión encargada de redactar y estructurar la denuncia.
El objetivo es claro: documentar los hechos, traducirlos a un lenguaje comprensible para toda la ciudadanía, y aportar pruebas que demuestren que lo ocurrido supuso una discriminación institucionalizada hacia personas mayores, dependientes y discapacitadas.
Aunque las residencias fueron el rostro más visible del drama, el alcance de la denuncia va más allá. En el borrador que se está elaborando se incluirán también los casos de personas en situación de dependencia que vivían en sus domicilios, los testimonios de familiares que cuidaban en condiciones extremas y las denuncias de trabajadores del ámbito socio-sanitario, muchos de ellos desbordados y desprotegidos.
La comisión abordará no solo el sufrimiento individual, sino también las decisiones estructurales que propiciaron ese abandono: protocolos que impidieron traslados a hospitales, órdenes que limitaron la presencia de ambulancias en residencias, y la falta de personal médico en centros asistenciales.
Un documento con vocación jurídica y humana
Lo que se está gestando no es únicamente una compilación de quejas, sino un informe con base jurídica y respaldo técnico, que pretende demostrar ante el Comité Europeo que el Estado español incumplió los compromisos asumidos en la Carta Social Europea. Esa Carta protege, entre otros, el derecho a la igualdad, el acceso universal a la sanidad, y la atención específica a grupos vulnerables, como las personas mayores o con discapacidad.
Los impulsores del proceso insisten en que no buscan culpables individuales, sino reparación institucional y reconocimiento colectivo. “Queremos dejar constancia, con datos y con pruebas, de una forma de discriminación que ha quedado impune”, señalaron desde la asociación.
Aunque buena parte del foco mediático se concentró en la Comunidad de Madrid, los organizadores recuerdan que la problemática se extendió a numerosas comunidades autónomas. Las cifras, denuncias y testimonios llegan desde distintos puntos del país, dejando entrever un patrón de abandono que trasciende los gobiernos regionales.
“No se trata de un caso aislado, sino de una estructura de decisiones que dejó fuera del sistema a una parte entera de la población”, afirmó una de las portavoces del grupo, aludiendo a la dimensión nacional del problema y al carácter colectivo de la denuncia.
Camino a Estrasburgo: justicia y no repetición
Con la vista puesta en Europa, las familias confían en que el Comité Europeo de Derechos Sociales reconozca que se han vulnerado principios esenciales. No buscan un gesto simbólico, sino una resolución clara que inste a los Estados a proteger activamente a sus colectivos más vulnerables en futuras crisis sanitarias.
Se trata de un ejercicio de memoria, pero también de prevención y exigencia ética. Quieren evitar que el silencio administrativo o el olvido institucional borren de la historia a quienes ni siquiera pudieron reclamar su lugar en la tragedia.
En palabras de muchos de los implicados, esta denuncia no solo es un acto legal: es también una forma de duelo colectivo. Quieren que quienes murieron sin asistencia no queden relegados a las cifras, que se reconozca el daño causado a miles de familias y que la dignidad de los dependientes no vuelva a ser negociable en tiempos de emergencia.
Mientras la comisión avanza con la redacción del texto, crece el número de voces que se suman a esta causa. Porque lo que está en juego, recuerdan, no es solo el pasado, sino el futuro de los cuidados en una sociedad que no puede permitirse repetir los mismos errores.
Y porque, como insisten quienes han sostenido esta lucha desde el principio, la justicia empieza por recordar y se construye cuando alguien decide no callar.