El barco de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras, Geo Barents, ha sido liberado formalmente, tras 24 días de bloqueo en el puerto de Augusta, debido a una detención administrativa.
Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) explican que esta liberación no la consideran “un motivo de celebración”, debido a que opinan que “la detención no se basó en la normativa marítima correspondiente” y que fue realizada con la intención de “castigar” a quienes salvan vidas en el mar. Además, en estas declaraciones indican que su labor es la que “correspondería hacer a la UE y a sus Estado miembros”.
La organización indica que en los últimos días han completado los requisitos técnicos exigidos y que ya han llevado a cabo el reabastecimiento de suministros, así como, la reincorporación del personal a bordo del barco. Todo ello con la intención de garantizar que el Geo Barents “estuviese a plena capacidad operativa en el momento de zarpar”.
Denuncian que las detenciones y bloqueos prolongados y repetidos a los barcos de las ONG, en forma de detención administrativa en los puertos italianos, “son a menudo instrumentalizados por las autoridades, con el fin de impedir que los barcos humanitarios lleven a cabo misiones de salvamento en el mar”.
Defienden que en verano las salidas de Libia y Túnez aumentan, por lo que el riesgo de naufragios crece considerablemente. En estas etapas del año, echan mucho en falta operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) en el Mediterráneo central dirigidas por los Estados. De hecho, en las declaraciones ofrecidas, muestran el resultado del rescate del pasado fin de semana (31 de julio-1 de agosto): “la flota civil consiguió realizar varios rescates críticos de forma coordinada: más de 800 personas fueron sacadas del mar por varias ONG en menos de 48 horas”.
Recalcan que la vuelta de MSF al Mediterráneo central consiste en “una consecuencia directa” del incumplimiento reiterado, por parte de los Estados miembros europeos, de su obligación de prestar asistencia a las embarcaciones en peligro. Igualmente, la ONG indica que, en el marco de su estrategia de externalización de fronteras, “los Estados de la UE ceden, cada vez más, la atribución de sus propias responsabilidades a la Guardia Costera libia”.
Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que “las políticas de no asistencia en el Mediterráneo central de la UE y de sus Estados miembros solo sirven para condenar a las personas a ahogarse en el mar”, así como, “para que tengan que soportar inconcebibles violaciones de sus derechos humanos en Libia”.
Todo ello provoca la muerte de miles de personas: casi 1.000 personas han perdido la vida, desde principios de 2021 hasta hoy, lo que supone el triple de muertes que en el mismo periodo en 2020. A estas defunciones hay que añadir las 19.300 personas que han sido interceptadas en las aguas mediterráneas por los guardacostas libios, y que, gracias al apoyo de la UE, son devueltos a Libia, aún conociendo el futuro que les depara: “detenciones, explotación, violencia y abusos”, explican.