El Poder Judicialtiene la piel muy fina, pero la tiene porzonas. Sólo se revuelve encolerizado cuando las críticasal intocable estamento judicial proceden de determinadoscolores políticos. Ni un día ha tardado en estallar contra lasdeclaraciones del vicepresidente del Gobierno, PabloIglesias, por sus críticas directas a la sentencia de 19 meses deprisión para la diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra por intentar evitar el desahucio de una persona con discapacidad en 2014.Pero tan evidente es la incomodidad de este órgano de gobierno del PoderJudicial con un gobierno de coalición de izquierdas de PSOE y Unidas Podemoscomo sus clamorosos silencios años atrás conel ejecutivo del Partido Popular, cuando numerosos dirigentes criticaban fallosjudiciales que apuntaban directamente contra compañeros del partido, en la picota judicial en incontablesinvestigaciones por la trama de la Gürtel.
Aquellos años no tanlejanos en los que la trama de corrupción Gürtel pusoa la justicia a trabajar a destajo contra dirigentes del PP, el órgano degobierno del Consejo General del Poder Judicial –presidido por Carlos Lesmesdesde 2013 en un mandato que debería haber finalizado en 2018– no elevó enninguna ocasión la voz para denunciar los excesosverbales y no tan verbales de señalados dirigentes del PartidoPopular contra la supuesta independencia de la justiciaen su lucha contra la corrupción.
El entonces portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, criticó en 2012 al juez de laAudiencia Nacional Santiago Pedraz llamándolo “pijo ácrata”.El magistrado había lamentado “la decadencia de la clase política”en un auto de archivo del caso del 25-S por la iniciativa‘Rodea el Congreso’. Hernando llegó a decir que las reflexiones deljuez en el auto de archivo de aquella causa eran una “demagogia indecente”.
El vicepresidente delGobierno, Pablo Iglesias, ha lamentado estasemana a través de Twitter la decisión judicial del TSJ de Madrid que condenabaa prisión a la diputada madrileña de Podemos. “Las sentencias se acatan (y eneste caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. EnEspaña mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias asus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por undesahucio vergonzoso”, dijo Iglesias.
También las ministrasde Igualdad, Irene Montero, o de Trabajo, Yolanda Díaz, ambas de Unidas Podemos, han mostradosu claro desacuerdo con la sentencia, así como otras diputadas de esta formaciónen el Congreso de los Diputados, y el órgano de gobierno del Poder Judicial noha dicho nada al respecto en una muestra práctica de justiciapatriarcal evidente.
En el comunicadopublicado este jueves 23, el órgano de gobierno del CGPJ, asegura que “en sucondición de garante de la independencia judicial,no puede por menos que expresar su profundo malestarrespecto de unas declaraciones formuladas por un miembrodel Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuaciónjudicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad delos jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiadoa unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acciónde la justicia”.
Haciendo un uso práctico de desmemoria cuando recibía las críticasde dirigentes del Partido Popular entonces en el Gobierno, el Poder Judicialasegura que “estas afirmaciones merecen un absoluto yrotundo rechazo, pues más allá del legítimoderecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder deJuzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dadosobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquieraque sea la posición política o social de los enjuiciados”.