La organiación destaca que las resoluciones negativas siguieron aumentando hasta alcanzar casi el 43 %. Esto se debe principalmente debido a las denegaciones que reciben la gran mayoría de personas de Colombia año tras año, pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país. El aumento de resoluciones favorables se explica por el incremento exponencial de la protección subsidiaria, que crece casi un 200% respecto a 2023 especialmente por las personas procedentes de Mali. Sin embargo, CEAR considera "preocupante que las resoluciones de reconocimiento de estatuto de refugiado decrezcan más de un 13 %".
Ligero aumento de solicitudes
Las peticiones de asilo fueron tan solo un 2,5 % superior a las registradas en 2023, muy inferior al aumento del 37% del periodo anterior. A estas peticiones hay que sumar las 36.704 solicitudes de protección temporal de personas de Ucrania, elevando la cifra a 231.699 personas con este tipo de protección en España desde que comenzó la invasión rusa hace justo tres años.
Seis de las diez principales nacionalidades de las personas solicitantes en 2024 proceden de América Latina, región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales. Las cuatro nacionalidades restantes proceden del norte de África y África occidental, asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática. Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 solicitudes respectivamente, acumulando más del 63 % del total de solicitudes. Mientras tanto, Mali desplaza a Perú como tercer país de origen, con un total de 10.673 solicitudes. Completan el listado de las diez principales nacionalidades Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador.
Mali representa la principal novedad respecto de 2023, con un incremento del 700 % en el número de solicitudes presentadas. El país africano se enfrenta a una crisis humanitaria compleja que se prolonga desde 2012, en la que se combinan factores como la amenaza yihadista que no deja de propagarse a través del país, la inestabilidad política tras el golpe de estado sufrido en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática.
Amara Drame es una de las más de 9.000 personas de Malí que el año pasado fue reconocido con la protección internacional. Como la mayoría de sus compatriotas que busca llegar a Europa, tuvo que arriesgar su vida en la peligrosa ruta atlántica, en la que miles de personas pierden la vida cada año ante la falta de voluntad política para habilitar vías legales y seguras: «Cuando llegué a Fuerteventura sentí que la inseguridad de Malí, incluso de Argelia o de Marruecos, quedaba atrás. Llegar a España es muy complicado, he tenido que poner mi vida en peligro porque la patera no es un medio seguro. Todas las vidas corren peligro. Me siento muy agradecido con España y con CEAR, por toda la ayuda que me han bridado”, manifiesta.
Por otra parte, CEAR también destaca en su informe el aumento de solicitantes de asilo de Senegal, por la combinación de factores como la crisis política sufrida en 2023, así como los efectos cada vez más evidentes de la crisis climática. También las peticiones de nacionales de Mauritania, país fronterizo con Mali y Senegal, y bisagra entre el África occidental y la región del Magreb.
Por otro lado, denuncia que siguen acumulándose las solicitudes pendientes de resolución en España. A finales de 2024 había más 242.000 personas pendientes de una decisión de la que depende su vida y su futuro, un 27 % más que el año pasado (191.095).
También descienden las resoluciones por razones humanitarias, menos garantistas que la protección internacional, aunque siguen representando el 37 % del total de resoluciones en 2024 (33.535), frente al 47 % en 2023 (41.487). Venezuela sigue concentrando el 97,8 % de este tipo de resoluciones (32.786).
Pese al aumento en el número de solicitudes, CEAR recuerda que miles de personas siguen encontrando enormes obstáculos para acceder al procedimiento. “No solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios que afectan a nacionales de hasta seis países (Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenya). Medidas que impedirán a muchas personas necesitadas de protección internacional solicitar asilo en España, sin tener que jugarse la vida en el intento”, denuncia la organización.
Propuestas para la implementación de un Pacto con derechos
Estos obstáculos para acceder al procedimiento pueden ser aún mayores si los derechos de las personas migrantes y refugiadas no son garantizados en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este sentido el Gobierno de España debe comprometerse a velar por la garantía de derechos en las anunciadas reformas legislativas y en su aplicación. Por este motivo, la organización ha hecho llegar sus propuestas en la consulta pública que ha realizado el Gobierno para adaptar las normas españolas a la legislación europea. Ello afecta en especial a la Ley de Asilo y su Reglamento, y parcialmente a la Ley Orgánica de Extranjería.
Entre las principales preocupaciones que pueden suponer estos cambios normativos, la organización alerta sobre las posibles vulneraciones en los procedimientos fronterizos, si no se garantiza un proceso de triaje en el que se mejoren los exámenes iniciales para detectar vulnerabilidades y riesgos en menos de 72 horas establecido en la Constitución española. Por este motivo, demanda un incremento de recursos humanos y formación especializada a todo el personal responsable en este proceso (policía, intérpretes y sanitarios). Además, considera imprescindible incluir de manera explícita el apoyo de organizaciones no gubernamentales especializadas con el fin de agilizar el examen preliminar de vulnerabilidad y garantizar los servicios de apoyo especializados. También insiste en la necesidad de que haya un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos en la nueva legislación, que incluya la participación de la sociedad civil. Por otra parte, CEAR reclama que la nueva Ley de Asilo garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita especializada durante todo el procedimiento de asilo
Además, recuerda que la detención debe ser siempre el último recurso y ha de motivarse en cada caso para no generar indefensión a la persona solicitante, así como permitir el acceso a los centros de detención a las familias y a personal de organizaciones sociales.
Aunque la consulta pública no lo identifica ni como problema ni como objetivo, desde CEAR consideran fundamental que las modificaciones normativas también contemplen las vías legales y seguras ya existentes. Para ello, la ley de asilo debe incluir la posibilidad de solicitar protección internacional en embajadas y consulados españoles en terceros países y conservar y ampliar los programas de reasentamiento a nivel nacional.
Por último, la organización también ha trasladado sus propuestas para mejorar la actuación coordinada de poderes públicos y la predeterminación de recursos para afrontar crisis migratorias, basado en un sistema de acogida preparado, dimensionado y con un enfoque estructural y no puntual, entre otras cuestiones.