El exministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por la operación Kitchen, al considerar que se ha producido un "cierre en falso" de la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, porque el juez instructor sitúa en el Ministerio el origen de este supuesto operativo ilegal, algo que cree que "atenta contra el más elemental sentido común". ¿Qué quiere decir realmente Fernández Díaz con que la investigación se ha cerrado en falso? No cabe otra interpretación de las palabras del exministro popular más que faltan piezas del puzle. A lo largo del sumario se ha llamado a declarar a policías, funcionarios, técnicos y peritos, pero las personas que realmente ostentaban poder sobre Fernández Díaz han quedado exculpadas sin que hayan prestado una mínima declaración.
Ahora, cuando la investigación llega a su fin y el exdirigente popular se da cuenta de que puede haber sido utilizado como cabeza de turco, le entran las preocupaciones porque el juez no ha llegado hasta el fondo del asunto tal como la lógica judicial aconsejaba. ¿Es demasiado tarde para Fernández Díaz? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que se abre ante él un panorama oscuro con juicios y duras peticiones de condena. Quizá, cuando el exministro dice que el caso se ha cerrado en falso, lo que está queriendo decir en realidad es que él no se va a comer el marrón, como suele decirse coloquialmente.
García-Castellón procesó a Fernández Díaz, entre otros mandos de Interior y Policía, al entender que el exministro se encontraría en la cúspide de lo que describe como una estructura delictiva ideada para espiar a Bárcenasy su entorno, usando para ello recursos policiales -incluidos fondos reservados- a fin de localizar la información sensible que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.
Según el relato judicial, fue Fernández Díaz quien, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a su entonces número dos, Francisco Martínez, a poner en marcha esta misión y el secretario de Estado de Seguridad a su vez hizo las gestiones oportunas con los mandos policiales para ejecutar la Operación Kitchen.
Fernández Díaz combate esta tesis en un recurso donde pide al propio juez y, con carácter subsidiario, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le saquen de la lista de procesados por este presunto operativo parapolicial contra los Bárcenas. Según el exministro, "tal interpretación es ajena a toda lógica". Argumenta que, conforme han sostenido juez y Fiscalía, el objetivo de la Kitchen era sustraer a Bárcenas la información perjudicial que pudiera tener sobre algunos dirigentes del Partido Popular en relación con los famosos papeles del extesorero y -recalca- que entre ellos no se encuentra Fernández Díaz, por lo que no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en curso.
"No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto (los papeles de Bárcenas), por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial", esgrime la defensa. En consecuencia, prosigue, "la interpretación del excelentísimo instructor encapsulando los hechos en el entorno del Ministerio de Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema, atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas".
Así, el antiguo responsable de Interior cree que el auto de procesamiento de García-Castellón apuntándole como cerebro de la Kitchen"supone un cierre 'en falso' de la investigación, cercenando bruscamente otra vía de investigación que es la que está precisamente articulando el Ministerio Público".
Fernández Díaz y el señor Bárcenas
La Fiscalía pidió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que indagara si el teléfono que el comisario José Manuel Villarejo -otro de los procesados- atribuyó al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy pertenecía a alguien del PP. García-Castellón lo rechazó basándose en un informe policial que no halló conexión alguna entre ese número y los usados por el policía, por lo que no dio credibilidad a que Villarejo se mensajeara con Rajoy sobre Kitchen. Sin embargo, para Fernández Díaz "es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio de Interior". "Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio de Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", remacha.
El otrora jefe de Interior reprocha a García-Castellón que caiga en el planteamiento simplista de apuntarle como máximo responsable de la Kitchen por haber dirigido dicho Ministerio durante los años en los que se habría desarrollado el operativo, entre 2013 y 2015, y su consecuente ascendencia sobre los mandos policiales que lo habrían protagonizado. "Meras conjeturas", no "datos objetivos" de los que se pueda deducir responsabilidad penal, estima.
A este respecto, la defensa aduce que el único fundamento para sostener la acusación contra Fernández Díaz es el testimonio de Martínez y, concretamente, los mensajes que el exsecretario de Estado dice que se intercambió con su antiguo superior sobre Kitchen y que protocolizó en dos actas notariales que han sido profusamente analizadas a lo largo de la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa Tándem.
El recurso cuestiona el valor probatorio tanto de la palabra de Martínez, un coimputado que habría hecho "declaraciones interesadas" no corroboradas por otra vía, y de las actas notariales, insistiendo en que no acreditan que el exministro fuera el verdadero destinatario de esos mensajes ni que estos no fueran manipulados. En este sentido, reitera que "fueron prefabricados" para incriminar a Fernández Díaz y "quizá exculpar a otras personas", que no nombra.
También se apoya el escrito en que ningún mando policial de la época implicó a Fernández Díaz en la operación Kitchen y en que el exministro no figura en las grabaciones y agendas manuscritas de Villarejo que nutren la causa. Sobre este punto, apostilla que, en cambio, en esos materiales sí se hacía referenciaa diversas personas "plenamente identificadas en la presente investigación", entre las que la defensa menciona a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal.
Por tanto, concluye el escrito que "no existen motivos para sostener por más tiempo la imputación de don Jorge Fernández Díaz en esta pieza, con riesgo de someterle injustificadamente a una 'pena de banquillo' adicional a la 'pena de telediario' que ya ha sufrido".