El Gobierno de coalición vuelve a poner cifras a su compromiso con la protección ciudadana. Desde la puesta en marcha del plan antiestafas, el pasado marzo, se han bloqueado 47.971.400 llamadas fraudulentas y más de 2,2 millones de SMS que buscaban suplantar a bancos, organismos públicos o empresas para engañar a los usuarios. Una operación silenciosa, pero contundente, que ha demostrado que la política útil existe… cuando se quiere ejercer.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, calificó los resultados como "espectaculares", y no es una exageración. Desde el inicio de la segunda fase del plan, en junio y julio, las llamadas bloqueadas se incrementaron un 85% y los SMS un 87%. Medidas como el bloqueo de llamadas con numeración no adjudicada o internacional simulada, o el desarrollo de una base de datos que verifique códigos alfanuméricos de emisores de SMS, han tenido un impacto real. Y lo mejor: sin propaganda, sin polarización, sin ruido. Solo eficacia.
Un Gobierno que protege, una derecha que se esconde
Este plan no solo tiene valor técnico, sino profundo contenido social y democrático. Porque las estafas telefónicas y los fraudes digitales no afectan por igual a toda la población: golpean con mayor fuerza a personas mayores, vulnerables o con menos recursos tecnológicos. Frente a esa amenaza, el Estado debe estar presente. Y esta vez, lo está.
Lo que resulta llamativo —aunque ya no sorprende— es el silencio del Partido Popular. Ni una palabra de apoyo, ni una propuesta concreta, ni un solo gesto hacia los millones de personas protegidas por estas medidas. Cuando se trata de proteger a la mayoría, la derecha desaparece. Porque esto no va de “grandes titulares”, sino de “pequeñas garantías” que construyen una sociedad más segura, más igualitaria y más justa.
Mientras el Gobierno legisla para blindar a la ciudadanía, el PP sigue anclado en el no por el no, o en debates que solo buscan agitar el miedo y enfrentar a la población. ¿Dónde está Feijóo cuando toca hablar de ciberseguridad, digitalización con rostro humano o defensa del consumidor? La respuesta es simple: en otra parte. Porque su modelo de Estado es otro. Uno donde el mercado manda, y el Estado calla.
Tecnología con valores: la nueva frontera del bienestar
El plan antiestafas impulsado por el Ejecutivo no es solo una herramienta de control técnico, sino una declaración de intenciones sobre qué tipo de transformación digital necesita el país. Una transformación con derechos, con vigilancia pública y con garantías frente a los abusos.
Y aún hay más por hacer. La medida prevista para 2026 —que permitirá verificar códigos identificativos alfanuméricos en los SMS para evitar suplantaciones— apunta a reforzar la confianza en los canales digitales sin renunciar a la protección ciudadana. Gobernar también es anticiparse.
Porque cada vez que un SMS fraudulento se bloquea, se evita un robo. Cada llamada que no llega, es un fraude frustrado. Y detrás de cada número hay una historia: un abuelo que no fue engañado, una madre que no perdió su pensión, un joven que no cayó en la trampa.
Esta es la política que importa. La que no hace ruido, pero mejora vidas. La que no se exhibe en mítines, pero se nota en la factura del móvil. La que no titulan los grandes medios, pero llega a millones.