A pesar de las advertencias de Bruselas y el compromiso del Ejecutivo, España sigue sin adaptar su legislación al permiso parental retribuido. El coste de esta omisión asciende a 10 millones de euros en sanciones, y la situación ha llegado ya a los tribunales.
La Directiva (UE) 2019/1158 obliga a los Estados miembros a conceder hasta cuatro meses de permiso parental por progenitor, de los cuales al menos ocho semanas deben ser remuneradas. Este derecho, que debería haber sido incorporado al Derecho español antes del 2 de agosto de 2024, sigue sin desarrollarse plenamente.
“Dentro de esos cuatro meses, ocho semanas deben estar retribuidas. Ahí está el núcleo del problema”, explica Omar Molina, director del Área Laboral de Augusta Abogados. La falta de retribución durante esas semanas ha derivado en una sanción de 10.000 euros diarios, acumulando ya 10 millones de euros en multas por parte de la Unión Europea.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su secretario nacional de acción sindical, Francisco Lama, alerta de que “el derecho al cuidado del menor está siendo vulnerado”. Lama subraya que la normativa europea sigue sin estar debidamente regulada en España, pese a haber superado la fecha límite.
Los tribunales comienzan a compensar a los trabajadores
Ante esta situación, son ya varios los trabajadores que han acudido a los tribunales para reclamar su derecho. Una de las primeras sentencias firmes fue la de Susana López, anestesista del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, quien obtuvo un fallo favorable que no solo reconocía su derecho al permiso, sino también una indemnización económica.
El abogado Omar Molina destaca que algunas sentencias han llegado a establecer compensaciones de hasta 30.000 euros, marcando un precedente para futuros litigios. A medida que se multiplican estos casos, la presión sobre la administración crece, tanto desde la judicatura como desde los sectores sindicales.
La falta de aplicación efectiva del permiso retribuido también ha generado tensiones entre los socios del Gobierno. En declaraciones a RNE, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó al PSOE de bloquear la transposición de esta directiva. “Estamos pidiendo desde Sumar que se cumpla con esta norma y la parte socialista del Ejecutivo se niega a aplicarla”, denunció.
Díaz considera que se trata de un derecho clave, cuya inobservancia “no es aceptable en una democracia”. La ministra advirtió de que el incumplimiento compromete la agenda social del Ejecutivo y pone en evidencia la falta de políticas públicas de apoyo a la familia.
El próximo 1 de agosto se cumplirá un año desde que el Gobierno se comprometió formalmente a aplicar esta normativa. Mientras tanto, la factura económica y política por su incumplimiento sigue creciendo.