La falta de personal en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid ha alcanzado niveles críticos, según un reciente informe elaborado por UGT Madrid, CCOO Madrid y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE). Este estudio, que contó con la participación de más de 700 trabajadores del sector, denuncia que el número actual de empleados es insuficiente para proporcionar un cuidado digno y seguro tanto para los residentes como para los trabajadores.
Un problema de proporciones críticas
Según el informe, de las 55.308 plazas para personas dependientes en la Comunidad de Madrid, solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública y el resto son privadas. La falta de transparencia del gobierno regional ha impedido conocer el número exacto de trabajadores en las residencias. Sin embargo, los ratios oficiales indican que debería haber 8.820 empleados para atender a las 20.123 plazas públicas y de financiación pública.
Laura Muñoz, secretaria de Servicios Sociales y Sector Público de UGT Madrid, criticó esta situación durante la rueda de prensa: “El personal actual es absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad. Estamos trabajando con ratios del año 1990, lo que es inaceptable en el contexto actual”.
Sobrecarga de trabajo y consecuencias
La insuficiencia de personal genera una sobrecarga de trabajo excesiva, lo que pone en peligro tanto a los trabajadores como a los residentes. Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO Madrid, señaló: “La sobrecarga brutal de trabajo que soportan las profesionales, en su mayoría mujeres, es insostenible. Las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son uno de los colectivos con mayor siniestralidad laboral en España”.
El informe documenta consecuencias graves para los residentes, como úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición. Además, se utiliza de manera indebida y abusiva sujeciones mecánicas para suplir la falta de atención personal, lo cual es una violación de los derechos humanos básicos.
Exigencia de incremento en el personal
Las organizaciones que han elaborado el informe han calculado que para atender adecuadamente a las 20.123 plazas públicas y de financiación pública se necesitarían 15.773 empleados, casi el doble de los actuales. Manuel Vázquez, presidente de Pladigmare, insistió en la necesidad urgente de recursos: "Para garantizar una atención digna, debemos duplicar las plantillas. Es una cuestión de humanidad y de justicia social”.
![Estado de las residencias en Madrid Estado de las residencias en Madrid](/uploads/s1/20/57/49/4/screenshot-2024-07-08-at-17-55-55-informe-ratios-completo-final-corr-pdf_4_1000x563.png)
Repercusiones sociales
La falta de personal no solo afecta la calidad del servicio, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales significativas. La sobrecarga de trabajo y las malas condiciones laborales resultan en altos índices de absentismo y rotación de personal, lo que incrementa los costes operativos y reduce la eficiencia de los servicios.
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), el absentismo laboral en el sector de cuidados supera el 10%, una cifra alarmante que refleja el desgaste físico y emocional de los trabajadores. Además, esta situación genera un impacto negativo en la salud pública, ya que los residentes no reciben la atención adecuada, lo que puede derivar en hospitalizaciones evitables y mayores gastos en el sistema de salud.
El informe también subraya las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de las residencias. Laura Muñoz explicó: "Los salarios son bajos, rondando los 1.000 euros para una jornada completa. Además, la contratación a jornada parcial genera inestabilidad laboral y afecta la calidad de vida de las trabajadoras, obligándolas al pluriempleo para cubrir sus necesidades económicas básicas".
Las entidades autoras del informe reclaman a la Comunidad de Madrid de Ayuso para que actúe de manera inmediata. Para ello, proponen una serie de medidas que incluyen:
Duplicación del personal: Para cumplir con los ratios necesarios para una atención adecuada.
Condiciones laborales dignas: Salarios justos, contratos indefinidos y formación continua.
Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo: Uso de ayudas técnicas y mitigación de riesgos psicosociales.
Vigilancia de la calidad asistencial: Inspecciones sin preaviso y sanciones ejemplares.
Participación de trabajadores y familias: En la elaboración de protocolos y evaluación de la calidad.
Coordinación sociosanitaria: Con el sistema de salud para garantizar una atención integral.
Mejora de la calidad de los menús: Dietas sanas y equilibradas, adecuadas a las necesidades de los residentes.
El informe elaborado por UGT Madrid, CCOO Madrid y Pladigmare expone una realidad alarmante en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. La falta de personal adecuado no solo pone en riesgo la salud y el bienestar de los residentes, sino que también afecta gravemente a las trabajadoras del sector. Es crucial que se tomen medidas inmediatas para mejorar esta situación, garantizando así una atención digna y de calidad para las personas mayores y condiciones laborales justas para quienes las cuidan. La salud y la dignidad de nuestros mayores y sus cuidadores no pueden seguir siendo comprometidas.
![Personal necesario en las reidencias públicas de Madrid Personal necesario en las reidencias públicas de Madrid](/uploads/s1/20/57/50/9/screenshot-2024-07-08-at-17-56-21-informe-ratios-completo-final-corr-pdf_4_1000x563.png)
Datos alarmantes con respecto a Europa
A nivel internacional, España se encuentra rezagada en cuanto a la dotación de personal en residencias de mayores. Según datos de la OCDE, los países del norte de Europa, como Noruega y Suecia, cuentan con ratios de personal que llegan hasta 1,5 empleados por residente, lo que contrasta fuertemente con los 0,43 empleados por residente que se proyectan para 2030 en la Comunidad de Madrid. Este déficit no solo compromete la calidad del cuidado, sino que también refleja una falta de compromiso por parte de las autoridades para adaptar las políticas a las necesidades de una población envejecida.