El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).
El magistrado ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza 8 del caso Púnica, en la que se ha investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. En su resolución, de 146 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.
Además del exconsejero, el instructor propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David M. y Javier L.M., y archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis U. El auto destaca la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama.
Adjudicación de contratos de construcción de infraestructuras de metro y metro ligero
El juez detalla en su auto la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos. “Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica.
Entre las obras investigadas se encuentran en Metro Sur el tramo 1C, en Metro Norte el tramo 1A y en el Metro Ligero la nueva línea a Boadilla. Estas adjudicaciones se realizaron bajo un esquema que aseguraba la elección de adjudicatarios específicos, según el auto.
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior
El auto explica que la presidenta Esperanza Aguirre destituyó del cargo de consejero de Transportes a Francisco Granados, atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella Consejería, pero, al mismo tiempo, le ofreció presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
En la nueva organización, Francisco G. asumió nuevas funciones, incluyendo la gestión de Arpegio, la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid. Esta reorganización permitió a Francisco G. volver a controlar un considerable patrimonio y la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística/inmobiliaria.
Promociones de suelo por urbanización directa
El juez afirma que el exconsejero supuestamente se concertó con el constructor David M. para adjudicar parcelas públicas en el proyecto ‘Ciudad Jardín’ de Arroyomolinos. En este proyecto, Arpegio iba a desarrollar una promoción con más de 3.950 viviendas, de las cuales más del 50% iban a tener algún grado de protección. Los contratos de compraventa se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de la empresa de David M.
Entrega de cestas de Navidad para amigos del exconsejero y de su mujer
La resolución apunta que Francisco G. y su mujer, María N.A., utilizaron fondos públicos para enviar cestas de Navidad a su círculo íntimo y a otros conocidos del matrimonio. Los gastos por estos “obsequios de navidad”, que tendrían que haber sido personales, se desviaron de las arcas públicas de Arpegio, ascendiendo a un total de 100.139,17 euros.
Un millón de euros en el altillo
El instructor también detalla los regalos efectuados por David M. a Granados durante su mandato, que incluían un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros. Estos regalos formaban parte de las comisiones en especie recibidas por el exconsejero a cambio de favores administrativos y adjudicaciones irregulares.
El auto dictado por el juez García Castellón en la pieza 8 del caso Púnica expone una compleja trama de corrupción que involucra a altos funcionarios y empresarios en la Comunidad de Madrid.