El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la Operación Tándem y propone juzgar por delito de cohecho al exdirector deSeguridad de Mutua Madrileña, Benjamín García Cañón, a José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por contratar a la empresa Cenyt del comisario jubilado para confeccionar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad, un proyecto denominado “Autumm” por el que Cenyt percibió 16.000 euros.
En la fecha de elaboración del citado informe, en 2012, Villarejo era comisario de Policía en servicio activo.
Según relata el juez en el auto, en octubre de 2009 Villarejo se dirigió a García Cañón para proponerle un proyecto de investigación denominado Lump, con objeto de salvaguardar los intereses de la Mutua "ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas".
La Mutua encargó a García Cañón la elaboración de un informe sobre la solvencia de Pomatta, que incluyó todo tipo de datos personales y patrimoniales de él y de su familia; el directivo se dirigió entonces a Cenyt para la elaboración del informe, por el que la empresa de Villarejo cobró 16.000 euros más IVA.
El informe elaborado por Cenyt señalaba que había "claras posibilidades de encontrar datos concluyentes que evidenciarían actuaciones irregulares de Ramírez Pomatta", evidencias que "podrían rentabilizarse en cualquier medida, incluso en el ámbito judicial", en relación con el contencioso que este mantenía con la Mutua a causa de su pensión.