Cuando el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, predijo, hace unos días, que “el próximo en caer será el fiscal general del Estado” sabía perfectamente lo que decía porque los propios fiscales que están conspirando contra su jefe se lo habían dicho.
Manejan dos posibilidades: una sentencia favorable al recurso por su nombramiento presentado ante la sala de Lo Contencioso Administrativo, o un procesamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por “revelación de secretos”. Sobre la primera posibilidad poco o nada que decir. De sobra se sabe cómo funciona la controvertida sala dominada por la derecha judicial que ya ha puesto en graves aprietos al gobierno, entre otros la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, según ellos “por no reunir los requisitos para tal puesto”, y la revocación de Dolores Delgado como fiscala de sala y como titular de la fiscalía de memoria democrática. Y la segunda posibilidad que apuntan los “conspiradores” ha quedado neutralizada. Álvaro García Ortiz ha dejado claro al TSJ de Madrid que él es el responsable del famoso comunicado que respondía al bulo que circulaba sobre el acuerdo de Alberto González con el ministerio público. Y, por lo tanto, la instancia no es competente para investigarle por el delito de revelación de secretos al ser aforado.
Es el Tribunal Supremo el que deberá procesarle. A él, y no a sus subordinados, el fiscal anticorrupción, Julián Salto, y la fiscala superior de Madrid, Pilar Rodríguez, a los que el juez instructor del TSJM, Francisco José Goyena, les responsabiliza de los delitos contenidos en la denuncia presentada por González Amador. García Ortiz ha dirigido un escrito a Goyena en el que dice que “cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el poder judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar”.
Nadie dice que Rodríguez y Salto formen parte del grupo de fiscales rebeldes que pretenden la dimisión de García Ortiz. Pero lo que sí es cierto es que defendiéndoles contundentemente demuestra a la institución que está dispuesto a dar la cara por todos sus subordinados, algo que algunas asociaciones beligerantes representadas en el Consejo Fiscal, la AF y la APIF, han llegado a cuestionar. Las fiscalías superiores territoriales apuestan por García Ortiz. Es en las altas instancias judiciales donde se evidencian las diferencias. Los fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre los cuales se encuentran los mayores opositores al fiscal general del Estado, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno le han enmendado la plana en una ocasión. Cuando se inclinó por el informe elaborado por Álvaro Redondo contrario a que la instancia se hiciese cargo de la investigación del Caso Tsunami Democràtic en lo referente a los aforados, Ana Rovira y Carles Puigdemont. Al final, debido a las diferencias existentes, tuvo que ser su segunda, Ángeles Sánchez Conde, la encargada de elaborar el informe definitivo.
Sánchez Conde también tuvo que encargarse de confeccionar el informe negativo sobre la denuncia contra la fiscalía de Madrid en la acusación de delito fiscal y falsedad documental contra González Amador después de que la fiscala designada en principio, María de la O Silva, se negase a informar negativamente de la apertura de diligencias. Silva, que pidió amparo a la junta de fiscales de sala, que no la dieron la razón, dice haber recibido presiones. Al parecer, y según algunos medios de comunicación afines a la derecha, a instancias de García Ortiz se la convocó a una reunión en la cual participaron los dos fiscales querellados y los miembros de la fiscalía superior de Madrid los cuales “sintieron cierta incomodidad por tener que debatir con los dos fiscales objeto de la querella presentada ante el TSJM”.
Esas evidentes diferencias en el seno de la fiscalía de Madrid están obligando a García Ortiz a tomar medidas contra los subordinados que se niegan, implícitamente, a apoyar a sus compañeros querellados. De ahí que la carta del fiscal general exigiendo que la causa pase al Tribunal Supremo por ser el único responsable del comunicado objeto de la investigación haya sido recibida con alivio. Al menos, el enfrentamiento no pasará a mayores.
Sí, como todo parece indicar, el asunto pasa a manos del Supremo, García Ortiz habrá ganado una importante batalla. Sus compañeros quedarán exculpados. Por lo tanto, se acabarán las diferencias y el debate suscitado en torno a ellas. Pero la querella pasará a manos de la sala de Lo Penal, precisamente donde ejercen los fiscales rebeldes que se han situado enfrente de su superior con la clara intención de provocar su cese. Ello quiere decir que el fiscal general no lo va a tener nada fácil para defenderse personalmente. Pero habrá logrado su objetivo: pacificar las unidades territoriales donde le han acusado de actuar cobardemente. Claro que eso lo han hecho los miembros del sector conservador de la institución, que tienen muy clara una cosa, y así se lo hicieron saber a Miguel Ángel Rodríguez: hay que acabar a toda costa con García Ortiz.