El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido en el Complejo de La Moncloa con las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica con el fin de darles cuenta de la postura del Gobierno ante la intención de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de establecer un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Bolaños ha explicado que, durante los últimos meses, el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.
En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo. El plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación. Esto ha llevado a Bolaños a decir que "ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado".
En definitiva, Bolaños ha transmitido a las víctimas que el Gobierno mantiene su apuesta por cumplir fielmente con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron además asumidas formalmente por el Ejecutivo a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024. En este sentido, se ha dado cuenta a las víctimas de las gestiones realizadas ante la CEE y de cómo se ha defendido esta postura tanto en las reuniones como en diversas misivas del ministro al presidente de esta institución.
Para finalizar, el ministro ha reiterado que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, actúe con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia.