La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años de nacionalidad española como presunto autor del asesinato de Mateo, el menor que jugaba con otros compañeros en el campo de fútbol "Ángel Tardío" con sus amigos cuando fue apuñalado.
El sospechoso y detenido se trataría de un joven, cuyo padre y hermano serían vecinos del pueblo. También ha trascendido que conocía a los amigos de Mateo. Desde que se cometiera el crimen, ayer domingo, en torno a las 10:00 de la mañana, todo apuntaba a que podría tratarse de alguien que conocía el pueblo y cómo acceder al campo de fútbol.
Se están practicando dos registros en sendas viviendas de la localidad, tal y como señalan fuentes de la Delegación del Gobierno.
Nada más ocurrir el suceso, hasta el lugar se desplazaron médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI, que sólo pudieron certificar su fallecimiento. La titular del Juzgado Número 3 de Toledo, en funciones de guardia, decretó ayer domingo el secreto de sumario sobre el caso.
Malestar en la Asociación Justicia para la Guardia Civil por la tardanza de los efectivos
Por otro lado, la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha cuestionado la actuación del Cuerpo tras al asesinato del niño de 11 años en Mocejón (Toledo) porque ilustró "las deficiencias en la capacidad de respuesta" y "permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado", al tiempo que ha pedido reflexionar sobre el modelo de seguridad en las zonas rurales.
"Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos", ha criticado Jucil en un comunicado; un intervalo de tiempo que a juicio de la asociación permitió la huida del asesino.
Según Jucil, el Instituto Armado "no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España" tras los sucesos ocurridos este fin de semana en la provincia de Toledo. Por un lado, el asesinato del niño de 11 años en Mocejón. Y por otro, la menor de 17 en Otero, que perdieron la vida en circunstancias violentas.
La asociación pone el foco en el "déficit" de efectivos que, a su juicio, se extiende también por toda España y "deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad". En concreto, Jucil ha apuntado a que el último catálogo de puestos de trabajo "revela un déficit significativo de efectivos" en la provincia de Toledo donde, según ha detallado, "se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia".
Caso Otero
Respecto al caso de Otero, donde un hombre mató a tiros a su hijastra, "la situación fue aún más grave" pues, según ha subrayado Jucil, se dio un primer aviso de la discusión y media hora después, citando a los testigos, fue "cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia". En opinión del asociación, esta actuación dejó a la comunidad "desprotegida en un momento crítico" y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles "podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos. "Estos tiempos de respuesta son inaceptables", ha declarado el portavoz de Jucil, Javier Montero. "En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos".
Por último, la asociación ha exigido "una reflexión seria e inmediata" sobre el modelo de seguridad que se ofrece en las áreas rurales, y han solicitado "que se adopten medidas urgentes para garantizar una presencia y una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad en estas zonas". "Es imperativo repensar y reforzar el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales", ha explicado Montero. "Todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo", ha concluido el portavoz de Jucil.