En una carta dirigida a las autoridades competentes, el hijo mayor de Juana Rivas ha solicitado este jueves que se impida que su hermano menor, de 11 años, sea entregado a su padre, Francesco Arcuri, tal como dictan las autoridades judiciales italianas para este viernes. El joven, de 19 años, residente en España, expresa su preocupación por lo que considera una injusticia, recordando con dolor su propia entrega a su padre hace ocho años, lo que marcó su vida y la de su hermano.
El conflicto judicial que envuelve a la familia Rivas comenzó en 2017, cuando Juana Rivas, tras haber estado desaparecida con sus hijos durante un mes, fue condenada por la sustracción de los menores, un delito por el que recibió una pena inicial de prisión de cinco años. Posteriormente, la condena fue reducida a dos años y medio por el Tribunal Supremo, y más tarde indultada por el Gobierno, quedando con una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la resolución que mantiene la custodia de los niños con Francesco Arcuri sigue siendo vigente, lo que ha llevado al hijo mayor de Juana Rivas a defender a su hermano.
La experiencia de un niño que creció en un entorno violento
En su carta, el joven de 19 años describe cómo, cuando fue entregado a su padre en 2017, no se protegieron sus derechos como menor, y su testimonio fue ignorado. Según sus palabras, esta entrega derivó en "cinco años de abuso y maltrato" por parte de Francesco Arcuri, que vivió hasta los 16 años. El joven rememora con tristeza cómo las autoridades permitieron que él y su hermano fueran entregados al padre sin tener en cuenta su sufrimiento.
El futuro de un niño está en juego: las autoridades deben escuchar su voz
Este testimonio refleja el dolor de muchos niños que atraviesan situaciones similares, donde las decisiones judiciales no siempre contemplan la realidad emocional y física de las víctimas. El hijo mayor de Juana Rivas, ahora en lucha para proteger a su hermano menor, subraya la necesidad de que las autoridades tengan en cuenta la violencia y el maltrato que él y su hermano padecieron durante esos años, ya que estos factores son fundamentales en el proceso judicial que actualmente se sigue en Italia contra Francesco Arcuri.
Incertidumbre sobre el futuro del hermano menor
A pesar de las duras experiencias vividas, el joven de 19 años ha seguido luchando. Después de cumplir los 18, comenzó una batalla legal en España para proteger a su hermano y evitar que pase por lo mismo que él vivió. En su carta, menciona el juicio que tendrá lugar en Italia el 18 de septiembre, donde se juzgarán los presuntos malos tratos de Francesco Arcuri hacia sus hijos. Según el joven, la Fiscalía italiana cuenta con pruebas irrefutables que podrían resultar en una condena para el padre, un paso crucial hacia la justicia.
El hijo mayor también menciona su temor de que su hermano sea entregado al padre y viva la misma tragedia que él. Expresa su angustia por la posibilidad de que su hermano sea "sedado y entregado" de la misma forma en que él lo fue hace ocho años, cuando las autoridades no tomaron en cuenta su bienestar. Este testimonio refleja la desesperación de los menores cuando las instituciones no se comprometen completamente con su protección.
Las autoridades deben actuar: la resolución del caso está en sus manos
Con la entrega del niño prevista para este viernes, el hijo de Juana Rivas pide a las autoridades que no permitan lo que considera una nueva victimización de su hermano. "Lo único que pido es que no lo entreguen como a mí me entregaron", remarca en su carta, haciendo un llamamiento para que se priorice el bienestar de su hermano. Las autoridades judiciales de España ahora tienen la responsabilidad de evaluar si la ley debe ser aplicada solo en función de la resolución judicial italiana, o si, por el contrario, debe prevalecer el interés superior del menor.
El futuro de los niños debe ser protegido, no comprometido
El caso continúa siendo una muestra de las difíciles decisiones que enfrentan los sistemas judiciales cuando se trata de proteger a los menores en contextos de violencia familiar. Las autoridades españolas deberán considerar las pruebas del juicio italiano, el testimonio de los menores y la necesidad de actuar preventivamente para evitar que se repitan tragedias pasadas.