La Iglesia católica española ha reconocido 146 nuevos testimonios de abusos sexuales en lo que va de 2024, elevando la cifra total a más de 1.000 denuncias desde 2020. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades claras, la jerarquía eclesiástica se parapeta en conceptos difusos como la “obligación moral” y sigue sin garantizar justicia ni reparación a las víctimas.
Un millar de voces silenciadas, una jerarquía que calla
Los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia en España continúan acumulándose año tras año, y con ellos, el bochorno de una institución que insiste en esquivar su responsabilidad histórica. Según los datos presentados esta semana en la 127 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Iglesia ha recogido 146 nuevos testimonios en 2024, lo que eleva el número total a más de 1.000 víctimas identificadas desde que se habilitaron las oficinas diocesanas de protección a menores en 2020.
La respuesta, sin embargo, dista de estar a la altura de la tragedia. El portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, se ha limitado a reconocer que estos casos se suman a los ya registrados, sin ofrecer transparencia sobre su alcance ni garantías de reparación efectiva. De los nuevos testimonios, 94 no llegarán jamás a juicio, bien porque el agresor ha fallecido, bien porque el delito ha prescrito. Y es que la Iglesia sigue anclada en una estrategia de contención de daños, sin mostrar verdadero compromiso con la verdad ni con las víctimas.
Moralidad voluntaria, justicia ausente
“Es una obligación moral, voluntaria pero vinculante”, ha dicho García Magán, en referencia a las posibles reparaciones. Una frase que retrata a la perfección la postura de la Iglesia: una justicia a medida, sin exigencias externas, sin mecanismos reales de control, sin rendición de cuentas. Un oxímoron moral que indigna a víctimas y sociedad civil por igual.
Mientras tanto, la supuesta supervisión por parte del Defensor del Pueblo sigue siendo una vaga promesa en fase de negociación, una colaboración de contornos difusos y sin garantías claras. El propio García Magán reconocía esta semana que “los extremos están todavía por definir”, en referencia a cómo se articularía esa supervisión. Un lenguaje burocrático que oculta la falta de voluntad política y ética para enfrentar un problema estructural.
Formación sin transparencia
En paralelo, la Iglesia exhibe cifras de formación que, aunque impactantes en volumen, no garantizan una cultura de prevención real ni transparencia institucional. Según la CEE, en 2024 se formaron 225.000 personas en materia de protección a menores, incluidos 130.000 niños y adolescentes. Pero ¿qué protocolos se aplican? ¿Qué seguimiento existe? ¿Qué consecuencias acarrea un incumplimiento?. La información que se ofrece es meramente cuantitativa, sin abrir puertas al escrutinio público ni a auditorías independientes.
'Para dar Luz', pero con las puertas cerradas
El informe 'Para dar Luz', que debía marcar un antes y un después en la gestión de abusos, se ha cerrado, según el portavoz episcopal, en septiembre del pasado año. Lo ha hecho sin aclaraciones, sin debate público, sin un verdadero acto de contrición. Otro documento más para archivar, sin consecuencias prácticas.
La Iglesia no puede investigarse a sí misma
Mientras el número de víctimas sigue creciendo, la Iglesia insiste en ser juez y parte de un proceso que exige justicia externa, laica y eficaz. El tiempo de los paños calientes y los gestos simbólicos ha terminado. Es hora de que las instituciones del Estado asuman un papel activo en la investigación, reparación y prevención de los abusos cometidos en el entorno eclesial.
Porque la verdad no puede seguir dependiendo de la voluntad de quienes llevan décadas ocultándola. Y porque detrás de cada número, hay una vida rota.