Una sanción grave a un juez conlleva sólo 1.500 euros de multa. Así lo ha dictaminado la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha impuesto una multa por esta citada cantidad al magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, ya jubilado desde el pasado junio de forma voluntaria y conocido por haber condenado a la madre coraje de Maracena (Granada), Juana Rivas, por sustracción de menores. El CGPJ lo multa por una infracción grave tras considerar probado que difundió datos que afectaban a uno de los hijos menores de Juana Rivas a través de un comunicado remitido a un medio de comunicación. La defensa de Rivas ha mostrado públicamente su “satisfacción” por esta sanción al magistrado y recuerda que aún tiene otras dos causas penales pendientes en fase de instrucción.
La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial considera probado que el 9 de diciembre de 2021, el polémico magistrado dictó un auto en el que rechazó la suspensión de condena que le había solicitado la defensa de Juana Rivas tras el indulto que le otorgó el Gobierno, un fallo que “fue objeto de críticas por determinados sectores”, según adelanta Europa Press.
El Poder Judicial reprende al magistrado ya jubilado porque considera que “en ningún caso” su actuación en este sentido desvelando datos de este menor “tendría amparo en su derecho a la libertad de expresión” como alegó el juez Piñar en su defensa. Por ello, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial lo condena a pagar esta multa “por ser considerado autor disciplinariamente responsable de una infracción grave del artículo 418.8 de la citada Ley Orgánica”.
El juez Piñar, jubilado desde junio, mantiene dos procedimientos penales en fase de instrucción, uno por delito de odio y otro por falso testimonio
Para defenderse de las críticas recibidas, el juez envió un comunicado a un diario de tirada nacional para ofrecer su opinión al respecto y explicar por qué había procedido de esta forma y dictado el citado auto, consciente de que de esta forma estaba aportando públicamente datos personales de uno de los hijos menores de Juana Rivas. Piñar alegó en su defensa que los datos de la causa que difundió eran “conocidos por la opinión pública al difundirse a través de los medios de comunicación”. No lo ve así el Poder Judicial, que le recrimina que ello no le habilita para divulgarlos y le recuerda que su “deber de reserva no desaparece por el conocimiento previo de los hechos” que hayan podido ser difundidos por otras vías.
El pasado junio, el BOE publicó el acuerdo que oficializaba la solicitud de jubilación voluntaria realizada por el juez Piñar en abril de este año. El polémico magistrado cumple este 2024 los 64 años y estaba de baja laboral desde febrero. Pese a ello tuvo que declarar ante el Juzgado de Instrucción 8 de Granada en calidad de investigado por un posible delito de odio por unas publicaciones que hizo en su perfil de una red social. Piñar negó que las publicaciones enjuiciadas las hubiera realizado él y añadió que, en caso de ser el autor de las mismas, utilizarlas sería un delito contra su intimidad. En esta causa está investigado por incluir en sus publicaciones “expresiones que se refieren de forma despectiva” a ciertos grupos étnicos o razas, ya que habla de “gitanos, negros, moros, chinos”, según el auto de la Audiencia granadina.
Piñar también presentó una querella por injurias y calumnias contra el abogado Carlos Aránguez, letrado defensor de Juana Rivas, que fue archivada en firme por el Tribunal Supremo. Además, mantiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción 3 de Granada por un posible delito de falso testimonio, una causa en la que también ejerce la acusación el letrado de Juana Rivas.