El juez ha ordenado el internamiento en un centro de régimen cerrado para los tres adolescentes detenidos tras la muerte de Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años asesinada en un piso tutelado de Badajoz. Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, están acusados de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad vial. La decisión judicial llega tras la petición de la Fiscalía de Menores, que considera que existen suficientes pruebas para imputarles el crimen.
El asesinato tuvo lugar en la noche del domingo en el chalé donde trabajaba Belén, ubicado en la urbanización Guadiana. Tres horas después de iniciar su turno de noche, fue brutalmente golpeada y asfixiada con un cinturón. Los agresores huyeron con su coche, se estrellaron y finalmente hicieron autoestop hasta Mérida, donde fueron arrestados. La alerta la dio el cuarto menor que residía en el piso, quien avisó a un monitor de otro centro.
Víctima desprotegida pese a las advertencias
Nuevos datos revelan que Belén Cortés Flor había denunciado a sus agresores días antes del crimen por intentos de agresión. Sus compañeros denuncian que pese a los antecedentes de los detenidos, seguían en un régimen semiabierto sin medidas de seguridad adicionales. "Lo veíamos venir. Pedimos ayuda y nadie nos escuchó", lamenta una educadora.
Dos de los detenidos tenían un historial delictivo preocupante: uno de ellos acumulaba 37 delitos en un solo fin de semana, mientras que otro había agredido a su propio padre hasta romperle la nariz. A pesar de estos antecedentes, continuaban en un piso tutelado sin vigilancia ni cámaras de seguridad.
Trabajadores en pie de guerra: "Nos podía haber pasado a cualquiera"
El asesinato ha provocado la indignación del sector. Los compañeros de Belén han salido a la calle exigiendo medidas de seguridad urgentes. "Nos sentimos desprotegidos. No hay vigilancia ni protocolos efectivos", denuncian. Además, reclaman que se revise la Ley del Menor para evitar que casos como este se repitan.
Desde la Junta de Extremadura han lamentado lo ocurrido y aseguran que están colaborando con la justicia. Sin embargo, trabajadores y sindicatos han exigido la convocatoria inmediata del comité de seguridad para revisar el modelo de estos centros y garantizar la seguridad de los profesionales.
Este caso ha puesto en evidencia fallos graves en el sistema de protección de menores y en la seguridad de los educadores. Mientras la investigación sigue su curso, los trabajadores sociales advierten: "O se toman medidas o volverá a ocurrir".