La Asociación para la Recuperación de laMemoria Histórica (ARMH), el colectivo pionero en las exhumacionescientíficas de fosas de desaparecidos por la represión franquista consideraque es el Estado quien directamente debe crear un organismo que atienda a losfamiliares del mismo modo que lo hace con otras víctimas de diferentesviolencias y no subcontratar ese deber en asociaciones o colectivos.
Los derechos humanos deben ser garantizados por un Estado democrático y no puede ser que hayasubvenciones para que algunas familias puedan enterrar dignamente a un serquerido y otras cuando se agoten esas partidas no puedan hacerlo. Como señalóen su informe sobre España el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada eInvoluntaria de la ONU: que “lasfamilias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre lasuerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto deacuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debe satisfacerde acuerdo al derecho internacional.”.
“Una subvención es una forma de discriminación; el estado no subvenciona a las víctimas del terrorismo o de la violencia machista; les garantiza sus derechos. Por eso pensamos que preparar una partida limitada es como si el Gobierno indemnizara a las víctimas del terrorismo que se apellidan de la A a la M y cuando gastara su presupuesto no habría reparación para las que se apellidan de la N a la Z”, asegura Emilio Silva, presidente del colectivo y nieto del primer desaparecido del franquismo identificado por una prueba de ADN.
“LAS PUERTAS DE LOS JUZGADOS SIGUEN CERRADAS PARA LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA”
“En el decreto de subvenciones el Gobiernohabla de Verdad, de Justicia, de reparación y de No Repetición, pero todossabemos a estas alturas que las puertasde los juzgados siguen cerradas para las víctimas de la dictadura, que el Pleno del Congreso no ha condenadotodavía la dictadura ni ha reconocido a sus víctimas y que todavía haymiles de documentos que no han sido desclasificados”, explica Silva.
Si una sepultura digna es un derecho no puede sersubvencionado con un límite presupuestario, sino garantizado para toda personaque quiera ejercerlo. Si se ponen límites económicos deja de ser un derecho yes una medida asistencial que reciben algunos familiares y otros no; con lo queexiste una doble discriminación para las víctimas de la dictadura.
Lo que losorganismos de Naciones Unidas hancriticado es el modelo en el que se privatizan las exhumaciones a organizacionesde familiares o asociaciones y de ese modo no es el Estado el que directamenteatiende a las familias y garantiza un derecho sean cuantas sean las que lossolicita.
“Es increíble lafalta de humanidad de todos los Gobierno españoles hacia las víctimas de ladictadura. Miles han muerto sin la más mínima reparación y que no las atiendadirectamente el Estado es otra manera de discriminarlas y casi deculpabilizarlas”, añade Silva. Y concluye: “Queremos preguntar a la vicepresidenta Carmen Calvo por la verdaderarazón para que el Gobierno no constituya un organismo que atienda directamentea los familiares porque tras años de reclamaciones y de escuchar promesas no loentendemos. Y si no garantizamos una sepultura digna somos una sociedadtremendamente deteriorada”.
En el informe delrelator Especial para la Verdad, la Justicia la Reparación y las Garantías deNo Repetición de la ONU, Pablo de Greiff, se asegura que: “Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia.No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existeinformación oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de lasexhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones,alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultadesmetodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”. Estasafirmaciones fueron escritas después de su visita a España en la que entrevistóa miembros del Gobierno, juristas y familiares de las personas desaparecidas.