En el marco de la investigación sobre centros de menores tutelados que Diario16 inició tras la denuncia por abusos sexuales de una menor de la Residencia Infantil Chamberí, gestionada por la Comunidad de Madrid, María Campo, (nombre ficticio para evitar posibles represalias)maestra de educación pública y activista por los derechos de la familia, relata el papel que desempeñan los colegios y docentes en los procedimientos de tutela que dicta la Administración.
¿Hasta qué punto el derecho de padres e hijos a estar en familia está desprotegido en España?
Salvo los afectados y los activistas alrededor de esta cuestión, nadie es consciente hasta qué punto la patria potestad de las familias está amenazada, desde la Constitución (ningún artículo habla del derecho de todo niño a estar con su familia), el propio Código Civil, pasando por todas las leyes de menores, continuando por las de servicios sociales y el derecho administrativo. Fíjate hasta qué punto nuestra legislación desprecia el derecho de los niños a estar en familia: la resolución administrativa que te quita a tus hijos tiene el mismo valor legal que una multa.
Este mecanismo es llevado por la Administración con total discreción. En las webs institucionales no es publicitado. Nada ni nadie revela a las familias quiénes son los funcionarios encargados de retirarles a sus hijos en cada localidad o distrito. Es decir, las familias empiezan el curso sin saber quién tiene semejante potestad sobre sus hijos, se les niega la información como forma de dejarlas indefensas en caso de tener que denunciar o querellarse.
Si las asociaciones de madres y padres de alumnos, de la tercera edad, de pacientes, etc., conocieran los nombres y apellidos de los funcionarios pagados por retirar hijos, podrían querellarse por lo civil y por lo penal ante cada tutela injusta. Recordemos que las asociaciones, en defensa de sus miembros y de sus intereses, pueden personarse en los procesos judiciales. El elevado número de tutelas injustas y el entramado institucional, judicial y legal detrás de las mismas nos hace a todos vulnerables.
¿Qué papel juegan las consejerías?
Las consejerías, tanto las de Servicios Sociales como las de Educación, ocultan sus nombres, sus funciones y su remuneración, a pesar de que tienen potestad para decidir sobre la custodia y la vida de nuestros hijos sin ni siquiera tenernos que avisar por ley. Esto es así gracias al artículo 22.4 de la ley 26/2015, llamada de Protección Jurídica del Menor: la Administración (es decir, Servicios Sociales y Justicia), te puede estar investigando y creando un expediente sobre ti sin tener que decirte nada, y puede actuar contra ti por sorpresa.
Así ocurre en el caso de las retiradas de hijos a media mañana en los colegios: los profesores que lo hemos presenciado, nos encontramos con que viene un coche perteneciente al Servicio de Protección de Menores, con las lunas tintadas, en un momento en que es llamado por el PTSC del colegio -ahora pertenecientes en la Comunidad de Madrid a los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica-, en coordinación con el Equipo Directivo y en ausencia de los padres. El niño es engañado con alguna tontería para que suba al coche sin demasiada sospecha y sin llamar la atención. Al final de la jornada lectiva, cuando los padres vuelvan a recoger a su hijo, no lo encontrarán.
Tengo compañeros en distintas localidades que están avergonzados. Se preguntan qué hacer para parar semejante abuso, porque reconocen que se retiran niños que sí son cuidados y amados en sus familias a pesar de otros defectos o conflictos
¿Así, sin más?
A veces se les dará alguna resolución, otras veces se les redirige verbalmente a la Comisión de Tutela para que hablen con ellos dándoles la excusa de que el colegio "no podía hacer nada". Queda a la vista que es falso: el colegio y otras instituciones han estado proporcionando todo tipo de información a Servicios Sociales sobre la familia y el niño, unas veces con conocimiento de la familia y otras sin él y sin su consentimiento.
¿Qué pasa en la escuela antes de que se acuerde la retirada de un alumno?
Tiene lugar un proceso caracterizado por su falta de garantías para la defensa de la familia. Cuando se tienen reuniones con la familia, hay bastantes casos en que no se levanta acta de esas reuniones. Antes de las reuniones generalmente ya se ha proporcionado información al PTSC -brazo de Servicios Sociales en el colegio- sin haber consultado a la familia. Una veces se intentan planes de mejora, otras se trata de simple evaluación. Unas veces se asesora, otras se amonesta, en algunas se amenaza con medida serias. Si a ojos del colegio o de Servicios Sociales -y esto no quiere decir que lleven suficiente razón- la familia o el niño no ha mejorado, acaba teniendo lugar una reunión de varios profesionales: la Comisión de Ayuda a la Familia. La componen miembros del equipo directivo del colegio, miembros de Servicios Sociales y otros profesionales que hayan intervenido con la familia. Pero a la familia nadie le notificará el día y la hora de esta reunión donde se decidirá el futuro de sus hijos. No se le entregará el acta de la misma, celebrada en ausencia de los padres. Quizá la familia tendrá ese acta cuando, meses o años después de retirársele los hijos, reciba su expediente entero o parte de él. En esa reunión, tampoco podrá estar presente el abogado de la familia, ni ningún representante de la misma. A lo sumo, existe un llamado defensor del menor, pero sólo algunas veces defiende la continuidad de este con su familia.
¿Estamos hablando entonces de un sistema que no respeta casi ninguna de las debidas garantías?
Ni la tutela judicial efectiva previa a la retirada, ni las notificaciones en su debido tiempo y forma, que muchas veces no da a la familia la necesaria ayuda profesional, que trabaja casi siempre contra el vínculo entre padres e hijos, que desprotege a los niños una vez son internados en sus instalaciones, que los marca de por vida y los coloca en seria desventaja y deterioro personal frente a los niños criados en familia.
¿Y cómo reacciona el profesorado ante este presunto desmán?
Tengo compañeros en distintas localidades que están avergonzados. Se preguntan qué hacer para parar semejante abuso, porque reconocen que se retiran niños que sí son cuidados y amados en sus familias a pesar de otros defectos o conflictos. Reconozco que existen algunos casos extremos donde el entorno familiar pueda funcionar tan mal que perjudique gravemente a los niños, pero las cifras y los informes de servicios sociales no son creíbles: con las estadísticas de las asociaciones de familia (interesadas en el bien de los hijos y no en las subvenciones de las tutelas), solo un 15% de las retiradas están suficientemente justificadas. El resto de casos pertenecen a lo que en Servicios Sociales se cataloga como "situaciones de riesgo" (dificultades familiares solucionables con una buena terapia de familia y otras ayudas profesionales).
Estamos hablando de adjudicaciones de negocio y subvenciones entre funcionarios y cargos de libre designación y empresarios, en comisiones cuyas reuniones no son públicas y de las que las actas no son accesibles
Pero pensemos un momento: el proceso en que se orquestan las retiradas de hijos ya dice mucho sobre los intereses que lo conducen. Todo empieza por la redacción de un expediente de riesgo o desamparo por parte de un equipo municipal de servicios sociales (encabezado por un trabajador social, junto a psicólogo y educador social). El trabajador social envía ese expediente a la Comisión de Tutela de Servicios Sociales, que suele estar dentro de los llamados "Servicios de Protección de Menores". La Comisión de Tutela es la clave de que haya un número tan elevadísimo de tutelas. Sus miembros trabajan y viven de eso: de retirar hijos, aunque ellos dicen que viven de proteger a menores... Los nombres de sus miembros nunca son revelados ni por la Consejería de Asuntos Sociales ni por las Consejerías de Educación. Por supuesto, tampoco por las de Sanidad, como debería ser para el caso de los bebés recién nacidos retirados por las trabajadoras sociales sanitarias, o de niños hospitalizados de cualquier edad.
¿Quiénes componen esas Comisiones de Tutela?
Se suelen componer de funcionarios o cargos de libre designación pertenecientes a las Consejerías, representantes de empresas de tutelas y representantes de empresas, públicas o privadas, de acogimiento familiar. Nunca hay ningún representante de familias biológicas. Así pues, ¿qué van a dictaminar, sino que los niños deben ser tutelados? La Comisión de Tutela decide qué empresa de tutelas, privadas en su mayoría y públicas algunas, se va a lucrar con el arrancamiento de los hijos. Estamos hablando de adjudicaciones de negocio y subvenciones entre funcionarios y cargos de libre designación y empresarios, en comisiones cuyas reuniones no son públicas y de las que las actas no son accesibles... ¿acaso no huele mal? Y precisamente el objeto de negocio son los hijos de los ciudadanos. En serio, ¿de veras podemos llamar a esto "protección de menores"?
Y si digo AMPAs, también deberían entrar las asociaciones de diversidad funcional, ya que las empresas de tutelas cobran mayor cantidad por tutelar a estas personas, como bien nos han demostrado los jueces de internamiento en tales centros
¿Qué se puede hacer ante esta situación?
Me gustaría hacer un llamamiento a todas las asociaciones de nuestra sociedad porque existen vías para organizarnos ante tales abusos. En varios campos:
Es inaceptable que las asociaciones de madres y padres de alumnos empiecen el curso sin saber con nombre y apellidos qué funcionarios, de qué departamentos, tienen potestad para decidir sobre nuestros hijos. Nos lo ocultan los ayuntamientos y nos lo ocultan las administraciones autonómicas. Estamos hartos de que los portales de transparencia respondan con silencio administrativo cuando les reclamamos esta información vía registro. Tanta opacidad solo sirve para ocultar el negocio y la corrupción. Y si digo AMPAs, también deberían entrar las asociaciones de diversidad funcional, ya que las empresas de tutelas cobran mayor cantidad por tutelar a estas personas, como bien nos han demostrado los jueces de internamiento en tales centros.
Los alumnos susceptibles de sufrir tutelas son también nietos, por tanto, las asociaciones de pensionistas y de la tercera edad también deberían implicarse en estas exigencias por la defensa de sus nietos.
No podemos olvidar que casi el 90% de los progenitores víctimas de retiradas de custodia son madres solteras, por tanto las asociaciones de familias monoparentales y las asociaciones feministas son necesarias en esta lucha. Nos gustaría también contar con las asociaciones de familia numerosa. A todas ellas les ruego que se pongan en contacto con las siguientes asociaciones: RAPATI, Adeni Madrid, Aprodeme, Familias para la sociedad del siglo XXI, Fundacion Democracia Activa, Infancias Robadas de Baleares, Stop Desamparos y otras que pueden encontrar en redes sociales bajo el hashtag #HijosArrancados y #HerejeEnRebeldia. Este último hashtag se tomó en protesta por el carácter inquisitorial que ha tomado el Servicio de Protección de Menores, donde una sola institución denuncia, instruye, investiga, castiga y controla.
Casi nadie sabe que el código Civil y las leyes de menores establecen que si un hijo es tutelado, por esa razón, el resto de nuestros hijos pueden sufrir lo mismo. Así, de un plumazo
¿Y las asociaciones vecinales?
En medio de todo esto las asociaciones vecinales se han convertido en verdaderas salvadoras de familias: les ayudan manteniendo su privacidad, mientras que una simple petición de ayuda económica en Servicios Sociales ha derivado con más frecuencia de la debida en denegación de ayudas y retirada de hijos por pobreza. Cuando una familia pide ayudas a Servicios Sociales, habitualmente será tildada en los procesos de tutelas de no saber buscar recursos económicos, de negligente con las arcas públicas, de no tener sentido de iniciativa... Como evidencia material de todo esto, tenemos grabaciones en audio y en expedientes de tales acusaciones. Pero además la familia que pide ciertas ayudas está evidenciando que no conoce el sistema de retirada de hijos y que tampoco dispone del dinero suficiente para llevar a cabo su propia defensa legal.
Imagínese una familia con tres hijos. Si uno de ellos es tutelado, ¿el resto puede correr la misma suerte?
Casi nadie sabe que el código Civil y las leyes de menores establecen que si un hijo es tutelado, por esa razón, el resto de nuestros hijos pueden sufrir lo mismo. Así, de un plumazo. Puro negocio disfrazado del eufemismo de la protección. Para todos aquellos a quienes les parezca exagerado, es fácilmente demostrable, no sólo con sus correspondientes artículos de legislación, sino con las cifras del último informe sobre Protección de Infancia del Ministerio de Derechos Sociales: ni siquiera un 10% de los tutelados salen del sistema antes de sus 18 años. Los pocos que lo consiguen, lo hacen en su inmensa mayoría gracias a una larga batalla judicial por parte de sus padres o abuelos. Un número nada despreciable de padres y madres se suicida en medio de todo este maltrato institucional. Es decir, el propio Ministerio de Derechos Sociales desmiente ese mantra que los consejeros de Servicios Sociales repiten lleno de eufemismos diciendo que la retirada es sólo temporal y que la prioridad es la reinserción familiar. Nada más lejos de la realidad. Se trata de simple marketing para no despertar las alarmas en la población. Muy pocos trabajadores sociales son lo suficientemente honestos como para luchar en dar la tutela a la familia extensa, y dentro de los expedientes en que se pide por parte del equipo municipal, las Comisiones de Tutela autonómicas casi siempre lo deniegan. Acordémonos de su composición y será fácil explicarlo.
No es sistema de protección a la infancia el que mantiene a los niños mal alimentados, mal estimulados, privados social, cognitiva y afectivamente
Entonces, ¿el sistema de protección a la infancia hace aguas por todos los lados?
No es sistema de protección a la infancia el que mantiene a los niños mal alimentados, mal estimulados, privados social, cognitiva y afectivamente. Siendo verdaderamente rigurosos con el respeto a la infancia, no podemos considerar "sistema de protección a menores" a todo un entramado institucional y empresarial que incumple gran parte de los artículos de la Convención Internacional de Derechos de los Niños. Además de ser un eufemismo, es una impostura. En los tiempos en que está de moda el cultivo de la conexión entre padres e hijos, la disciplina positiva y la inteligencia emocional, estos empresarios y funcionarios trabajan a fondo para romper los vínculos entre padres e hijos: denegando visitas y llamadas telefónicas, aislando a los niños en centros donde no pueden salir con nadie de su familia pero si con voluntarios desconocidos, arrancándoles de su barrio e impidiéndoles algo tan simple como asistir a una fiesta de cumpleaños, apuntarse a actividades extraescolares o poder alquilar libros en bibliotecas. Todo esto se salda con un sufrimiento tan grande por parte de los niños, que los técnicos recurren a forzarles a tomar ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos sin receta médica para hacerlos más controlables en medio de la desesperación.
No podemos llamar sistema de protección a la infancia al que en sus centros ni siquiera permite espacios ni horas de estudio para los niños. Por eso el fracaso escolar es tan altísimo en los tutelados. Tampoco a tantos que no poseen nada de materiales de juego ni deporte porque ya supondrían un gasto y un mantenimiento que las empresas de tutelas no quieren desperdiciar en favor de unos niños a los que consideran chusma.
No podemos seguir más tiempo con la venda en los ojos, porque a causa de los traspasos de información de docentes a servicios sociales estamos participando, de forma inconsciente, en la mayoría de casos, en este sistema de explotación infantil
Tampoco podemos llamar sistema de protección a unas empresas que sistemáticamente interrumpen tratamientos contra dificultades de aprendizaje u otros trastornos que si eran tratados en la verdadera familia, con tal de no gastar ni un céntimo, o donde sus mismos psicólogos contratados hacen desparecer cualquier diagnóstico incluso habiendo sido dictado por la seguridad social con la misma finalidad de lucro extremo por cada niño interno.
Todos estos abusos y otros muchos que no he citado se dan gracias a la absoluta falta de inspecciones por parte de las Consejerías de Servicios Sociales. Sería tan sencillo como que el inspector y el fiscal responsable de cada centro lo sometiera periódicamente a análisis de sangre a los niños para ver quiénes son forzados a tomar medicación psiquiátrica.
¿Qué les diría a los docentes ante tanto presunto despropósito?
Los docentes deben conocer que esto es lo que se hace a diario con los niños en Servicios Sociales. No podemos seguir más tiempo con la venda en los ojos porque a causa de los traspasos de información de docentes a servicios sociales estamos participando, de forma inconsciente en la mayoría de casos, de este sistema de explotación infantil. Digo en la mayoría, pero hay que decir la verdad: están empezando a darse casos de corrupción por algunos directores que, si quieren quitarse de encima a una familia molesta, saben que pueden hacer ciertas llamadas y declaraciones a Servicios Sociales. Retirado el niño, retirada la familia problemática.
Nos encontramos, como docentes, que la inmensa mayoría de nuestras tutorías acaban girando, no tanto en torno a cuestiones académicas, sino en las familiares, pero no tenemos formación en temas de familia, rigurosamente hablando
La casi totalidad de los profesores no sospechan que existe esto. Han visto casos en los que la intervención de un PTSC ha podido tener alguna consecuencia positiva y creen q deben seguir haciéndolo, a parte de que tampoco se atreven a intentar desviar esa información a otras instancias que puedan ayudar a la familia conservando su privacidad y su unidad. No suelen conocer con seguridad otras asociaciones, profesionales u organizaciones especializadas verdaderamente en familia, que no pertenezcan a lo que tan vagamente se considera como el mundo de "lo social".
Para quien haya estudiado orientación y terapia familiar esta delimitación está clara. Pero los estudios sobre familia, sus dinámicas y su ciclo vital, etc., no forman parte de los planes de Magisterio. Nos encontramos, como docentes, que la inmensa mayoría de nuestras tutorías acaban girando, no tanto en torno a cuestiones académicas, sino en las familiares, pero no tenemos formación en temas de familia, rigurosamente hablando. La simple experiencia propia o el aparente sentido común no bastan para asesorar bien en bastantes casos. Entre las familias tampoco hay una cultura de prevención para que la dinámica familiar mejore, sino que se recurre a especialistas en psicología o en familia cuando las disfunciones ya son difíciles de afrontar. Esa falta de cultura de prevención del conflicto familiar también afecta al profesorado.