La organización internacional Save the Children ha instado al Gobierno español a incorporar un enfoque centrado en los niños y niñas en la nueva legislación contra la trata de personas. Esta solicitud surge en respuesta al preocupante incremento en el número de menores de edad identificados como víctimas de este delito.
En 2022, las autoridades policiales españolas identificaron a 26 niños y niñas como víctimas de la trata, evidenciando un aumento del 160% en comparación con el año anterior. Este aumento se enmarca en un contexto más amplio de explotación y trata de seres humanos, con un total de 1.180 personas identificadas como víctimas, de las cuales más de la mitad son mujeres.
La petición de Save the Children coincide con sus esfuerzos continuos para combatir la trata, incluyendo un proyecto europeo con Francia e Italia para identificar casos de trata en la región fronteriza de Irún. La ciudad se ha convertido en un punto crítico para los migrantes que intentan cruzar hacia Francia, muchos de los cuales entran a España a través de Canarias.
Vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes
La organización ha resaltado la vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes, quienes, en algunos casos, se autodeclaran como mayores de edad con la esperanza de continuar su viaje migratorio hacia Francia, evitando así quedar atrapados en el sistema de protección español. Esta situación, junto con el alarmante número de niños y niñas migrantes que han desaparecido de los centros de protección en los últimos dos años, subraya la necesidad de una ley de trata que incluya medidas específicas para proteger a los menores de edad, tales como procedimientos de identificación especializados y formación para los sistemas de protección infantil en la detección e intervención de víctimas de trata.
Save the Children enfatiza que la aprobación de una Ley Integral contra la Trata con un fuerte enfoque en la infancia es crucial para establecer un marco de protección uniforme a nivel nacional, garantizando así que el bienestar de los niños y niñas no dependa de la región en la que se encuentren. La organización aboga por una respuesta legislativa que no solo aborde las necesidades inmediatas de las víctimas, sino que también contribuya a la creación de un entorno seguro para todos los niños y niñas en España.