El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU asegura que los Estados están obligados a salvaguardar el acceso equitativo a la tierra y su uso y deben abstenerse de desalojar a los usuarios de las tierras de las que dependen para su subsistencia.
Esta exigencia se contiene en una nota de orientación para aclarar las obligaciones de los Estados en relación con el acceso a la tierra, su uso y control, en particular sobre cuestiones acuciantes que afectan a los derechos humanos, como el desalojo de los usuarios de la tierra, la inversión internacional, los conflictos relacionados con la tierra y el cambio climático.
"En muchas partes del mundo, la tierra no es sólo un recurso para producir alimentos, generar ingresos y desarrollar viviendas; también constituye la base de prácticas sociales, culturales y religiosas y del disfrute del derecho a participar en la vida cultural", recuerda el Comité en su nota orientativa, conocida formalmente como observación general.
La observación se produce después de que la elevada demanda de suelo y la rápida urbanización en la mayor parte del mundo hayan afectado significativamente los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre esos impacto, el Comité señala que, en las ciudades, la financiación de los mercados de la vivienda ha alimentado la especulación y la inflación, afectando a los derechos a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada de los que se han quedado atrás.
Mientras, en las zonas rurales, la competencia por la tierra cultivable de los proyectos de desarrollo a gran escala y el turismo ha afectado significativamente a los medios de subsistencia y los derechos de sus poblaciones.
Falta de alimentos y agua
"La degradación de la tierra debida al uso excesivo, la mala gestión y las prácticas agrícolas insostenibles ha provocado inseguridad alimentaria y degradación del agua, y está directamente relacionada con el cambio climático", afirma el Comité.
La observación general ofrece consejos específicos sobre los derechos legítimos de tenencia de las tierras a los Estados Parte del Pacto, a los que recomienda abstenerse de desalojar a los usuarios de las tierras de las que dependen para su subsistencia y de utilizar los desalojos forzosos y la demolición de propiedades como medidas punitivas.
El Comité pide a los Estados que "introduzcan y apliquen una legislación nacional que prohíba explícitamente los desalojos forzosos y establezca un marco para que los procesos de desalojo y reasentamiento se lleven a cabo en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos".
Observando el creciente impacto negativo en el acceso de grupos individuales, campesinos y pueblos indígenas a los recursos productivos como resultado de las inversiones internacionales, el Comité insta a los Estados Partes a "adoptar medidas específicas para impedir que sus políticas y acciones nacionales e internacionales, como las políticas de comercio, inversión, energía, agricultura, desarrollo y mitigación del cambio climático, interfieran, directa o indirectamente, en el disfrute de los derechos humanos".
Desigualdad en el reparto de tierras
La distribución estructuralmente desigual de la tierra también puede ser una de las principales causas de los conflictos, que a su vez también provocan desplazamientos forzosos y desposesión de tierras, lo que repercute en los más vulnerables.
"Los Estados deben hacer todo lo posible para evitar el despojo de tierras durante los conflictos armados internos. Si, a pesar de todo, se producen desposesiones, los Estados están obligados a establecer programas de restitución para garantizar a todos los desplazados internos el derecho a que se les restituyan las tierras de las que se les privó arbitraria o ilegalmente", subraya el Comité.
Preocupación por el cambio climático
La observación general refleja, además, la preocupación del Comité por el impacto del cambio climático en el acceso a la tierra.
"El aumento de las temperaturas, los cambios en los regímenes de precipitaciones y la frecuencia cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones afectan cada vez más al acceso a la tierra", explica el Comité.
Por ello, recuerda que "los Estados tienen la obligación de diseñar políticas de adaptación al cambio climático a nivel nacional que tengan en cuenta todas las formas de modificación del uso de la tierra” inducidas por este fenómeno.