UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto han enviado una carta a la Mesa y a los portavoces de la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitando el voto favorable de los todos los grupos parlamentario a la proposición de Ley para la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.
Este Fondo permitirá que las personas trabajadoras en nuestro país dispongan de prestaciones reparadoras similares a las que ya existen en otros países europeos.
Es una reivindicación histórica de los sindicatos que ayudará a que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares.
El próximo 13 de abril se votará en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley presentada por una representación de parlamentarios vascos, para la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Un fondo que no ha llegado a materializarse tras haberse propuesto en tres ocasiones y pese a la continua demanda sindical y de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto.
El texto que pasa a votación es el mismo que presentó el Parlamento del País Vasco en 2017. La proposición se discutió en la Comisión Parlamentaria de Trabajo del Congreso de los Diputados, alcanzándose un principio de acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios que no llegó a materializarse debido al adelanto de las elecciones generales.
Desde UGT, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto y CCOO hemos dirigido carta a la mesa y a los portavoces de la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitando el voto favorable de los todos los grupos a la proposición de Ley ya que con un fondo de estas características, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país dispondrían de prestaciones reparadoras similares a las que ya existen en países como Francia, Holanda o Bélgica, y que surgieron como respuesta a la deuda que tienen los Estados por no haber actuado, durante tanto tiempo, bajo el principio de cautela en relación con el uso y contacto con el amianto.