La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia retrasos de hasta dos meses en conceder y abonar las ayudas básicas, por parte de algunos Ayuntamientos. Al menos 3,3 millones de personas en España sufren pobreza severa carencias materiales graves. Solo 900.000 personas han recibido auxilio de emergencia social desde las entidades locales, que además son exiguas y atrapadas en la burocracia.
Pobreza
Según el INE, 3.309.566 personas sufren actualmente en España graves carencias materiales, con los indicadores europeos (Tasa AROPE) 12.481.792 de españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 4.680.672 de españoles viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su capacidad de trabajo). 9.928.699 de españoles viven en riesgo de pobreza (con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana disponible, 9.009 €/año para hogares de una sola persona).
Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya ha denunciado reiteradamente “el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familiar que lo necesitarían, percibir el IMI, de manera que sólo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores”.
Burocracia en los Ayuntamientos
Los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) de las familias más vulnerables, se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes.
La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.
Algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General.
Estas ayudas no deben ser subvenciones
La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, “es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa”, señala la asociación.
Algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General.
El Ministerio de Derechos Sociales
Desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha incrementado en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros (el mayor de la historia), con lo que las entidades locales pueden incrementar sus ayudas de emergencia social, “pero siete meses después todavía no se ha distribuido ese crédito, por lo que no se puede utilizar”, recuerdan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Por eso, pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia, desde la asociación considera que “corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere”.
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales plantean planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales.
Y se preguntan: “¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo”.
Las cifras de las ayudas económicas de emergencia en España y por CC. AA.
Las Administraciones Públicas dedican 4 euros por habitante al año para ayudas de emergencia social. 891.140 prestaciones de ayudas de emergencia social con un gasto promedio de 184 euros al año y un presupuesto de 160 millones en los últimos datos oficiales publicados (año 2018) en los que las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha no aportan datos. Navarra y País Vasco no participan de las estadísticas del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Sólo 2 de cada 100 habitantes de España ha recibido una ayuda de urgencia. Y nada más que el 7% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de las ayudas de urgencia.
Las Comunidades de Castilla y León (648€), Cantabria (431€), y Asturias (429€) son las que mayor ratio presentan. La Rioja (10€) y Madrid (81€) son las que menos cuantía conceden.
Las Comunidades que más invierten por habitante al año en ayudas económicas de urgencia social son: Asturias (9,66€), C. Valenciana (5,83€), y Canarias (5,12€). Y las que menos invierten La Rioja (0,34€) y Madrid (0,72€).
Estimando con datos presentados en la memoria del Plan concertado de 2018 en España en relación con las personas que viven en el umbral de la pobreza ofrece este panorama.
