Nuevos escándalos en el PP de Madrid. Así, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.
En su auto, que recoge los escritos de acusación de Fiscalía, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CC.OO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el magistrado abre juicio oral en la pieza 2 del denominado caso Lezo por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.
Familiares de González en los escándalos del PP
Además de a Ignacio González, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 abre juicio oral al director gerente de Canalde Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, sí como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.
El auto relata cómo en el año 2006 los acusados Ignacio González a Ildefonso de Miguel, prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II, “dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo”.
TCT, que según el escrito carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los acusados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan caballero Escudier, si bien estos dos últimos lo hacían de manera en cubierta para ocultar sus vínculos familiares, hermano y cuñado, respectivamente del expresidente de la Comunidad de Madrid.
“Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo- fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”, concluye.