Ley de reforma de la Memoria Democrática, que el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba hoy en Consejo de Ministros supone la culminación de los compromisos que adquirió cuando llegó a la Moncloa para “reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y acabar con cualquier exaltación de la Dictadura”. La norma incluirá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se mostró ayer satisfecha del Partido Socialista por la aprobación hoy en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Memoria Democrática, porque significa la “consolidación de un proceso, iniciado durante el mandado de Zapatero con la Ley de Memoria Histórica”, pero que “va mucho más allá de lo que esa legislación en vigor prevé en cuanto a la recuperación de nuestra memoria, a las obligaciones de los poderes públicos para que se puedan recuperar los restos mortales de las víctimas de la represión durante la guerra civil y el franquismo, y, sobre todo, para consolidar nuestra historia como país”.
En rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, Narbona aseguró que “es fundamental que todos los españoles y españolas sean conscientes de lo que significó el fascismo en España, la dictadura de Franco, quiénes fueron las víctimas de esa dictadura, a quienes queremos honrar, y que el sacrificio de esas personas no quede si una recompensa, desde el punto de vista de nuestra historia”, dijo. Sobre todo, es importante ahora, cuando “hay muchos diputados y algunos senadores que representan a la ultraderecha y quieren pervertir el análisis de nuestra historia como país”.
“Es algo urgente y necesario, porque no todo es luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias, hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad y con los valores democráticos que encarna el PSOE desde hace 141 años”.
Así, explicó que el texto de la Ley “se ha venido preparando en los últimos tres años en la dirección el PSOE con el apoyo de numerosas asociaciones de Memoria Histórica en nuestro país y ahora llega el momento de convertir el inmenso trabajo en una nueva legislación, que esperamos tenga el máximo apoyo en el Congreso, porque es una Ley que España necesita”.
La vicepresidenta primera y ministra de Presidencia y Relaciones, Carmen Calvo, anunció que “el núcleo central de la ley es el reconocimiento de las víctimas, de las dignidad de las mismas y para eso tiene que cubrir muchos objetivos, cuando entre en vigor no podrá haber una fundación pública o con dinero público que enaltezca totalitarismos o figuras dictatoriales”, señaló Calvo.
De esta manera, el Gobierno modificará la ley que aprobó el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, entre estas modificaciones, se incluirá la reforma de la gestión de las fosas de las víctimas o un nuevo marco jurídico sobre el Valle de los Caídos, lo que supondrá la salida de la comunidad benedictina que lo habita y la resignificación del lugar.
El Gobierno de coalición, incluirá la facultad al Estado de la apertura de las fosas del franquismo, la creación de un sistema de banco de restos, de ADN y un censo de víctimas; la retirada de una relación de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura y que supongan una exaltación del régimen, y la instauración del 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.