La precariedad extrema provoca la fuga de abogados del turno de oficio

El Consejo General de la Abogacía ha advertido que las condiciones de los letrados que trabajan para garantizar un derecho constitucional está provocando bajas en el turno de oficio

20 de Septiembre de 2024
Actualizado a la 13:43h
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Turno de Oficio

Salvador González, nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía, ha instado a repensar el sistema actual del turno de oficio para que se garanticen retribuciones justas para los letrados que mantienen el servicio de Justicia Gratuita que garantiza a los ciudadanos un derecho constitucional.

En declaraciones ante los medios, González ha advertido de que, por primera vez en la historia, se están produciendo bajas en el turno de oficio. Aunque aún no es un número considerable, sí que puede ser el inicio de una fuga en masa de abogados que puede dejar en situación de indefensión judicial a los ciudadanos más vulnerables.

La principal razón para que esto se esté dando son los constantes retrasos en los pagos y que las remuneraciones que reciben los abogados no se corresponden con el trabajo realizado. La ley vigente data de 1996 y el Gobierno ha incluido en su calendario legislativo de este mismo año el inicio en la tramitación de una nueva ley que renueve y solucione los problemas de la actual. Otra cosa será que haya tiempo para que empiecen los trabajos para implementar y aprobar esa nueva norma.

Son muchos los colegios de abogados que están en pie de guerra desde hace mucho tiempo contra el Ministerio o las Consejerías de Justicia por el retraso continuo en el pago a los profesionales. La Justicia gratuita es un derecho del ciudadano, pero hay letrados cuya única fuente de ingresos es el turno de oficio y esos atrasos precarizan la situación económica personal y familiar de estos profesionales del derecho.

La propia Comisión Europea reconoció a preguntas del exdiputado europeo Jordi Solé que los retrasos en los pagos a los abogados del turno de oficio españoles suponen una violación de la normativa europea, además de reconocer que tienen derecho a cobrar intereses legales de demora.

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