Nombrar la prostitución como “actividad económica” es legitimar la violencia sexual como si fuera una profesión. El trabajo del Ministerio de Igualdad y del INE para borrar esa categoría del registro oficial de actividades es mucho más que una corrección administrativa: es una decisión política que interpela al modelo de sociedad que queremos construir.
Nombrar es legitimar, y España ya no puede permitirse ese error
Llamar “servicio sexual” a lo que en realidad es explotación, coacción y abuso no es inocente. No lo ha sido nunca, pero menos aún en un momento donde la lucha feminista ha puesto el foco con claridad sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres más vulnerables. El hecho de que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) incluyera de manera acrítica un ejemplo importado de Eurostat que asocia la prostitución a “otros servicios personales” no es un mero error técnico: es una cesión simbólica y cultural al lobby proxeneta.
Frente a quienes pretenden disfrazar de libre elección lo que en realidad es un engranaje más del patriarcado neoliberal, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tomado una postura valiente y coherente con los compromisos del Gobierno: la prostitución no tiene encaje como actividad reconocida por un Estado que aspira a ser garante de los derechos humanos y de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por eso, no se trata solo de excluir una línea en un formulario. Se trata de romper con décadas de hipocresía institucional que ha tolerado y blanqueado la violencia sistemática contra mujeres empobrecidas, migrantes, racializadas o víctimas de trata. Nombrar es construir realidad. Y España no puede permitir que su aparato estadístico contribuya a blanquear una industria sustentada sobre el abuso.
Abolición como horizonte político, no como eslogan
La decisión de Redondo llega en un momento en el que Europa debate su propio modelo ante la prostitución. Mientras países como Suecia o Francia han dado pasos firmes hacia el abolicionismo, otros siguen atrapados en discursos que hablan de “regulación” o de “trabajo sexual”, diluyendo así el problema estructural que supone que el cuerpo de una mujer pueda ser comprado.
El Gobierno español ha dejado clara su intención de avanzar hacia una ley abolicionista, y gestos como el de la revisión del CNAE no son anecdóticos: son los cimientos de una política coherente. La carta que la ministra dirigirá a la comisaria europea de Igualdad para exigir que se respete el marco legal de cada país es también una advertencia: Europa no puede seguir permitiendo que su marco estadístico legitime lo que debería combatir.
En este camino, el movimiento feminista ha jugado un papel fundamental. Ha sido gracias a su vigilancia que se ha detectado esta incongruencia. Y es con su empuje con el que este Gobierno tiene el deber moral y político de cumplir. Porque abolir la prostitución no es una cruzada moral, sino un imperativo democrático y de justicia social.