El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso histórico al aprobar el primer Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Se trata de una estrategia diseñada para abordar la segunda causa de muerte no natural en España, con 3.952 fallecimientos registrados en 2023. Sin embargo, la efectividad del plan dependerá de un factor crucial: la disponibilidad de recursos, ya que la financiación aún no está garantizada ante la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.
Un observatorio para recopilar datos y combatir el estigma
Entre las medidas clave del plan destaca la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio, cuya función será recopilar y analizar información detallada sobre las muertes autoinfligidas en el país. Este mecanismo busca mejorar la comprensión del fenómeno y orientar políticas públicas más eficaces.
Uno de los grandes retos es combatir el estigma social que rodea el suicidio. El plan denuncia que los prejuicios dificultan el debate público y limitan el compromiso de los medios de comunicación en su sensibilización. Para contrarrestarlo, el Gobierno propone lanzar una campaña de concienciación a nivel estatal cada año, así como campañas específicas en cada comunidad autónoma.
Atención a los familiares: una deuda pendiente
El plan introduce una novedad fundamental: la "posvención", es decir, la atención específica a los familiares y amigos de las víctimas. Cecilia Borrás, presidenta de la asociación Després del Suïcidi, destaca la importancia de esta medida, aunque advierte de que, hasta ahora, este tipo de apoyo ha dependido en gran parte de asociaciones privadas y no del sistema público.
"Es un duelo complejo, de los más complicados de afrontar, con un alto riesgo de suicidio entre los supervivientes. Es clave ofrecer un acompañamiento adecuado", explica Borrás. Sin embargo, la ejecución de esta medida quedará en manos de cada comunidad, lo que podría generar desigualdades en su aplicación.
La posvención hace referencia al conjunto de acciones desarrolladas por, con y para las y los supervivientes del suicidio, que tienen el objetivo de facilitar su recuperación psicosocial y prevenir otros efectos adversos entre los que cabe destacar la manifestación de la conducta suicida o la aparición de sintomatología clínica
Restricciones en "puntos negros" y revisión del uso de psicofármacos
Otra de las estrategias para reducir las autólisis es la actuación sobre los llamados "puntos negros", es decir, infraestructuras como puentes o edificios altos donde se concentran estos episodios. Sanidad recomienda implementar barreras físicas y otras medidas para limitar el acceso.
Además, el plan aboga por una revisión del uso de psicofármacos en el tratamiento de los trastornos mentales. España es uno de los países europeos con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Para abordar este problema, se promoverán programas de "deprescripción" (proceso de desmontaje de la prescripción por medio de su análisis, que concluye con la modificación de dosis, sustitución o eliminación de unos fármacos y adición de otros), con guías específicas para que los profesionales sanitarios ajusten la administración de estos medicamentos.
Un refuerzo en salud mental que llega tarde
El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, aprobado junto con la estrategia contra el suicidio, pone énfasis en la necesidad de aumentar los recursos humanos en salud mental. Actualmente, España cuenta con solo seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea. En psiquiatría, la situación también es deficitaria, con 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de media en la OCDE.
Javier Prado, presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica, reconoce que el plan es un primer paso, pero insuficiente: "Necesitamos una estrategia mucho más ambiciosa que implique desde la educación hasta la formación de los cuerpos de seguridad para abordar adecuadamente las crisis".
¿Un plan sin presupuesto?
A pesar de las buenas intenciones, el gran problema es la financiación. El Ministerio de Sanidad no ha concretado cuánto dinero se destinará a este plan, ya que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sigue en el aire. La comisionada de Salud Mental, Belén González, ha asegurado que "habrá recursos", pero sin un desglose detallado, el temor es que muchas medidas queden en papel mojado.
Celso Arango, presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría, ha sido especialmente crítico con la falta de garantías presupuestarias: "La filosofía del plan es buena, pero sin inversión real, no va a cambiar nada". Además, ha señalado que algunos de los objetivos planteados, como que el 90% de las plazas de Psicólogos Internos Residentes (PIR) sean ofertadas, suponen un retroceso, ya que actualmente la cifra es del 99%.
Una hoja de ruta necesaria, pero con dudas
El primer plan nacional contra el suicidio es un paso fundamental para abordar una problemática creciente en España. La creación de un observatorio, la atención a los familiares de las víctimas y el refuerzo de la salud mental son medidas clave que podrían marcar la diferencia. Sin embargo, la falta de una financiación clara y la dependencia de las comunidades autónomas ponen en duda su aplicación efectiva.
Si el Gobierno y las comunidades no traducen esta estrategia en recursos concretos, el plan podría quedarse en un simple documento sin impacto real. Con 11 suicidios diarios en España, las decisiones no pueden esperar más.