Las aguas del Mediterráneo siguen siendo la frontera más letal del mundo para quienes huyen de conflictos, pobreza o persecución. Sin embargo, pese a los recuentos oficiales, la magnitud real de las muertes sigue siendo imposible de determinar con exactitud. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como Frontex, la agencia europea de fronteras, coinciden en que lo que se conoce es apenas una parte de una tragedia mucho mayor.
Desde 2014, la OIM ha documentado al menos 28.800 muertes o desapariciones en el Mediterráneo, y tan solo en 2023 las cifras superaron las 3.000 personas. En 2024, considerado el año más mortífero desde que se tienen registros, la agencia reportó 2.452 fallecidos en la región. El dato, aunque estremecedor, oculta un hecho aún más inquietante: miles de migrantes perecen sin dejar rastro, en naufragios nunca reportados o en travesías que se desvanecen en la clandestinidad.
Las estadísticas se construyen con base en reportes de autoridades, organizaciones humanitarias, medios de comunicación y testimonios de supervivientes, pero la cobertura es desigual y fragmentaria. Allí donde no hay periodistas, rescatistas ni guardacostas, la muerte se vuelve invisible. La propia OIM reconoce que más de dos tercios de los fallecidos permanecen sin identificar. En el Mediterráneo Central, apenas un pequeño porcentaje de las víctimas pudo ser vinculado a una nacionalidad, lo que deja a miles de familias sin respuesta ni posibilidad de duelo.
La brecha entre cifras oficiales y realidad se acentúa cuando se comparan con registros alternativos. En la ruta atlántica hacia Canarias, la OIM contabilizó poco más de mil muertes en 2024. Sin embargo, la ONG española Caminando Fronteras estimó casi 10.000, basándose en denuncias de comunidades y familiares. El abismo entre ambas cifras ilustra el grado de subregistro que marca estas rutas.
Frontex, por su parte, solo rastrea los cruces detectados en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Su mandato no contempla la totalidad de los naufragios en aguas internacionales ni le permite coordinar operaciones de rescate de forma independiente. En tragedias recientes, como el naufragio del barco Adriana frente a Grecia en 2023, la agencia se limitó a monitorear la situación sin poder intervenir directamente, lo que evidenció la dependencia de las decisiones estatales.
La consecuencia es un panorama fragmentado: estadísticas parciales, identidades perdidas y una mortalidad que se multiplica fuera del radar institucional. La OIM insiste en que sus cifras son apenas una línea de base mínima, un reflejo incompleto de un fenómeno mucho más devastador. En palabras de la propia agencia, el hecho de que miles de personas permanezcan sin identificar año tras año añade una dimensión aún más trágica a la crisis.
El Mediterráneo, convertido desde hace más de una década en el epicentro de la migración hacia Europa, se mantiene como una fosa común invisible, donde la mayoría de las víctimas no llegan a aparecer en ningún registro oficial. Las estadísticas pueden contarse, pero las vidas perdidas, en su mayoría, seguirán siendo imposibles de conocer con exactitud.